Juchitán: la imparable violencia – Isidoro YESCAS

20 agosto, 2016 Isidoro YESCAS slider

Isidoro YESCAS

El asesinato del dirigente coceísta y cuadro destacado del PRD en la ciudad de Juchitán, Rolando Vásquez Castillejos, no será, por desgracia, el último crimen que se cometa en éste municipio istmeño, convulsionada como está por la creciente actividad delictiva, la disputa de plazas por cárteles locales del crimen organizado, su añeja dinámica de conflictividad político-social y la evidente incapacidad de los gobiernos municipal, estatal y federal para prevenir y desactivar estas expresiones de violencia .

No resulta del todo convincente la versión preliminar divulgada por fuentes policíacas que atribuyen el deleznable asesinato de Castillejos a un intento de asalto si se toma en cuenta que la agresión se perpetró dentro de un territorio hostil a la COCEI y sus dirigentes . Por lo mismo, tanto las dirigencias del PRD como de la COCEI debieran exigir por todos los medios legales y políticos a su alcance una exhaustiva investigación sobre él o los móviles del crimen que, además, concluya con la identificación y castigo de los autores materiales e intelectuales.

Y debo subrayar en la exigencia de la investigación y castigo de los responsables porque, de toda la cadena de crímenes de ciudadanos y líderes sociales y políticos cometidos durante este sexenio en las ocho regiones de la entidad , se cuentan con los dedos los casos resueltos por las autoridades responsables de la procuración de justicia a nivel estatal y federal. El denominador común ha sido la negligencia , incapacidad y hasta complicidad de autoridades del más alto nivel, ministerios públicos y cuerpos policíacos, todo lo cual ha dado lugar a un crecimiento exponencial de la violencia e impunidad no solamente en la región del istmo, sino también, en las regiones de la Costa, Tuxtepec y, en menor medida, en los Valles Centrales.

De acuerdo a lo escrito por Eduardo Guerrero en la edición de agosto de la revista Nexos (“La Violencia social”), solamente entre enero y abril de este año en la ciudad de Juchitán se cometieron 40 homicidios de alto perfil , es decir, ejecuciones llevadas a cabo por el crimen organizado pero también originados por motivos políticos.

Llama también la atención lo que el autor revela sobre el origen de las múltiples expresiones de la violencia social y política en nuestra entidad al señalar que entre 2007 y 2015 (que corresponderían a los sexenios de URO y GCM) el 22 por ciento de homicidios fueron atribuidos al crimen organizado,mientras que el 40 por ciento estuvieron relacionados con conflictos políticos y sociales.

Pese a esta situación tan crítica, hasta ahora en general los gobiernos municipales, estatal y federal no han reaccionado con la oportunidad y eficacia necesaria para evitar que la violencia termine por complicar la espiral de ingobernabilidad e inseguridad pública que padece Oaxaca.

Hoy la atención está puesta en Juchitán y en un gobierno municipal que ha sido bastante atento y dadivoso para repartir recursos públicos a las tribus coceístas, pero omiso y negligente para garantizar la seguridad de sus habitantes. Pero tampoco el agónico gobierno del “cambio” ha cumplido con su parte y mucho menos el gobierno federal, con todo y que la presencia masiva de elementos de la PFP en la región del istmo y otras regiones de la entidad.

Y a este paso, difícilmente el nuevo gobierno podrá aplicar en tiempo y forma sus ambiciosos programas de desarrollo en esta zona y tampoco recuperar a corto plazo la gobernabilidad de la entidad .