La inclusión política de las personas con discapacidad es una condición mínima de legitimidad democrática: magistrado Felipe Fuentes

 Al participar en el Foro “Participación Política e Inclusión de las Personas con Discapacidad”, organizado por la Comisión de Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Alfredo Fuentes Barrera, afirmó que la inclusión política de las personas con discapacidad no es una agenda sectorial, sino un mandato constitucional y condición mínima de legitimidad democrática.

Ante legisladoras, legisladores y representantes de organizaciones de personas con discapacidad participantes en el foro, refirió diversos precedentes establecidos en sentencias del TEPJF y que han configurado su política judicial, tanto por su Sala Superior como de las salas regionales, orientada a privilegiar la igualdad sustantiva. “Tienen un Tribunal Electoral que es aliado de la igualdad sustantiva, es aliado de los derechos de las personas y en específico de las personas con discapacidad”, dijo.

Fuentes Barrera agregó que el TEPJF ha sido pionero en la aplicación de estándares internacionales en favor de grupos históricamente discriminados, incluso antes de reformas constitucionales explícitas. Puso como ejemplo que las acciones afirmativas impulsadas por las distintas integraciones de la Sala Superior hoy se reflejan en la Cámara de las Diputaciones con una pluralidad social inédita.

Propuso al órgano legislativo pasar de la inclusión declarativa a la inclusión garantizada con reglas obligatorias, mecanismos verificables y estructuras permanentes dentro del sistema democrático. Advirtió que las condiciones de desigualdad estructural que enfrentan e impactan múltiples ámbitos demuestran que la exclusión no es anecdótica, sino sistémica. Por ello, el desafío jurídico es claro: transformar normas y prácticas para generar la igualdad real, señaló.

“Cuando un mandato constitucional y una directriz jurisdiccional coinciden, el siguiente paso institucional corresponde naturalmente a las y los legisladores. Cuando el cumplimiento de un derecho coincide con el fortalecimiento de la democracia, el Congreso no solo puede actuar, sino que debe ser líder en la emisión de esas normas”, sostuvo.

Dijo que el TEPJF ha consolidado una política judicial consistente en favor de grupos vulnerables, mediante la implementación de sentencias en formatos accesibles y la emisión de resoluciones que ordenan remover barreras reales para el acceso a cargos públicos. Los precedentes jurisdiccionales demuestran que la igualdad no se satisface con la ausencia de prohibiciones, requiere condiciones materiales que hagan posible el ejercicio de los derechos político-electorales, agregó.