El comentario de hoy, martes 12 de agosto 2025
Han sido motivo de dudas y hasta de denuncias, los gastos hechos por el gobierno de la Primavera Oaxaqueña, en las pasadas fiestas de julio, particularmente La Guelaguetza. En efecto, se ve como un dispendio el pago de más de 45 millones de pesos por la sonorización y más de 30 millones de pesos para ferias y actividades adicionales. Obvio, los adornos millonarios, que no dejan de ser innecesarios.
Información proporcionada por el gobierno reconoce gastos mayores a los 160 millones de los cuales se recuperaron 57. Éstos serán destinados para apoyar a la zona de la Costa oaxaqueña siniestrada por el huracán “Erick”.
Lo anterior significa que los festejos de julio costaron al erario poco más de 100 millones de pesos, por lo que, bien pueden calificarse como demasiado onerosos. Más con el sinfín de ferias y festivales, que algunos funcionarios y funcionarias de uñas largas, se han sacado de la manga.
Y algo tiene de similitud con las mayordomías de nuestros pueblos originarios, en las que se echa la casa por la ventana, con barbacoa, cerveza, mezcal, pirotecnia y centenas de gastos más, mientras tarda el evento, pero imposibilitados para solventar gastos necesarios el resto del año. Bien nos retrató Octavio Paz, al afirmar que cada 15 de septiembre los mexicanos comemos, bebemos y gritamos, quizás para callar y en vigilia todo el año.
Y aún así se quiere someter a consulta la idea de hacer un tercer “lunes del cerro”, que sería una soberana torpeza. En el argot popular se dice que la duda ofende. No sería tal si los responsables de la organización de las citadas fiestas de julio rinden cuenta puntual de las erogaciones. Pero no sólo eso, sino de las empresas participantes en las licitaciones para otorgar los servicios necesarios en la temporada y las reglas para asignarles los contratos.
No hace falta ser un experto para reconocer que los conciertos de los que sólo disfruta una elite cercana al poder, han sido un exceso. Ya hubo una experiencia desafortunada con Julión Álvarez el año pasado. Todo ello es una burla no sólo a la cacareada austeridad sino al sentido común de los oaxaqueños. Tampoco se requiere una inteligencia superior para constatar que se trata de beneficiar a ciertas empresas y socios.
Que hay asignaciones directas; que no hay mecanismos de evaluación de calidad, mucho menos de supervisión de las condiciones en que se cumplen los contratos. Así, por más que quiera taparse el sol con un dedo, en tanto no haya un poquito de ética para reconocer estas irregularidades y dispendio, la duda respecto a la corrupción campante y los beneficios millonarios que ello representa para ciertos funcionarios, seguirá en la conciencia colectiva de los oaxaqueños. (JPA)