EL COMENTARIO DE HOY noviembre 11 de 2015

Durante los últimos tiempos, ha habido un comentario recurrente en el espacio radiofónico que Grupo Oro y mi amigo Humberto Cruz nos han permitido: la urgencia de aplicar la ley. Sin Estado de Derecho no hay desarrollo; sin orden y legalidad Oaxaca jamás saldrá del marasmo. El comentario viene a cuento por la declaración del ejecutivo estatal el pasado viernes, en el sentido de que se aplicará la ley en todo lo que se refiere a la evaluación a los maestros y a los que ya les decretaron auto de formal prisión.

¡Vaya pues, al fin despertamos del letargo! Después de tanto relajamiento en la aplicación de la ley, al fin se escuchó una voz enérgica y el manotazo. Sin embargo, dicha amenaza debe tener observancia general, no sólo con los mentores y sus actitudes gansteriles. Hay que ir por los que faltan y que son quienes están incitando a boicotear el examen de evaluación; hay que aplicársela a los que manejan a grupos como “Antorcha Campesina”, a los falsos desplazados triquis; a las organizaciones sociales que perviven del chantaje como: FALP, COCEI, CODEP y cientos de siglas más.

No es posible la aplicación del principio juarista de: “a los amigos justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas”. Todos deben ser medidos con el mismo rasero: los funcionarios corruptos, los cabilderos, aquellos que piden el diez por ciento o más, por las obras. Hay que castigar también el conflicto de intereses. La ley, simple y llana, no admite distingos. Se aplica parejo o no se aplica. Llama la atención por ejemplo, la conducta de los llamados “desplazados” y el negocio en que ha devenido para sus dirigentes. La sociedad exige ya no más complacencia.

Las carreteras a la Costa y al Istmo no avanzan. En principio por la descapitalización de la empresa constructora y, en segundo término, por el chantaje de sujetos y grupos que imponen su voluntad sobre una obra de beneficio social. En San Francisco Coatlán, se sabe de ciertas personas que han impedido el avance de la obra, lo mismo en una comunidad mixe, en la súper carretera al Istmo. Todos quieren sacar raja económica y cobrar sumas millonarias para los que ejecutan obra y ésta pase por sus comunidades. Esto no se debe tolerar. Cientos y cientos de millones se han invertido para el pago de derecho de vía. Pero muchos no se llenan aún.

En ciertos sectores de la sociedad hay hartazgo, hay indignación, por las sobadas mesas de negociación. Cuando se ha agotado el camino del diálogo lo único que prevalece es la ley. ¿Con cargo a qué dirigentes y manipuladores de organizaciones sociales exigen obras y recursos? Ya es tiempo de terminar con ese círculo vicioso; con ese sistema clientelar que al menos en pleno siglo XXI, ya no debe existir.