El comentario de hoy, miercoles 17 de septiembre 2025

La revocación de mandato se ha convertido en la conversación política de hoy. Nadie habla de otra cosa. Hay que recordar que dicho asunto lo puso de moda el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como una forma ficticia de someter a consulta ciudadana si apoyaba o no la continuación de su mandato. En su campaña política, el gobernador Salomón Jara lo puso de nueva cuenta en la mesa.

Y, como si no hubiera asuntos más relevantes qué tratar, nuestros y nuestras legisladoras acreditadas en la Sexagésima Legislatura local le han dedicado tiempo y discusiones a lo que muchos han considerado una prueba democrática ficticia. Aunque ya se cocinaba, la reavivó la “brillante propuesta” del anodino diputado priista Javier Casique, de adelantar los tiempos, es decir, en lugar de esperar a que Jara cumpla los tres años y tres meses, sólo reducir la consulta en dos meses. Extrañamente, dicha iniciativa fue aprobada.

La mayoría de Morena y partidos aliados como el Verde Ecologista, Fuerza por México y los renegados que forman el bloque independiente, desestimaron protestas y reclamos de partidos como el del Trabajo o Movimiento Ciudadano. Y he ahí que la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, calificada como una exigencia del pueblo oaxaqueño, quien está más atareado en lo suyo que en grillas y en apoyar mayoriteos y simulaciones, fue aprobada por mayoría.

La Primavera Oaxaqueña ha puesto en marcha toda la estructura que el poder público y el partido hegemónico tienen a su alcance. Y es que ¿alguien medianamente cuerdo podrá afirmar que tendrá éxito la recopilación del 10 por ciento de firmas del padrón electoral que rebasa los 3 millones, es decir, que la petición la hagan más de 300 mil ciudadanos? Más aún. Que la solicitud de revocación de mandato provenga del 50 por ciento más uno de los municipios de la entidad, es decir, de 286.

No hay duda que el ejecutivo estatal pasará sin problemas dicha prueba. Sin embargo, ello no deja de alentar la crítica, justamente porque aquello que podría ser un ejercicio democrático real se convierta en una vulgar apariencia, con una ley que tiene más trampas y obstáculos que claridad y limpieza. Por si ello no fuera suficiente, el costo del montaje de la elección será mayor a los 180 millones de pesos.

Se trata pues de un ejercicio que mucho tiene de ficticio y nada de democrático. Está como antecedente la farsa de elección judicial, con una participación irrisoria del padrón electoral. Pese a ello, como si fuéramos idiotas se calificó en las altas esferas del poder público nacional, como un triunfo, como una fiesta cívica. Nada tan grave que seguir repitiendo otra farsa. (JPA)