El comentario de hoy, martes 9 de septiembre 2025
Según el reciente informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública, a cuya reunión asistió el gobernador Salomón Jara, la tasa de homicidios dolosos en Oaxaca se ha reducido en poco más del 10 por ciento, en tanto que el robo de vehículos también cayó, arriba del 6%. Sin duda, se trata de un logro que vale la pena mencionarse. Sin embargo, hay zonas o municipios en los que tal parece que dicha cifra halagüeña, no corresponde a la realidad que vive la población.
Hay un reconocimiento social al operativo conocido como “Sable”, que ha puesto en marcha la Fiscalía General del Estado, en coordinación con instituciones como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina-Armada de México, así como fuerzas policiales locales, en algunos municipios de la entidad. No obstante, la única forma de erradicar los vicios ahí incubados es hacerlo un esfuerzo permanente.
Es decir, no basta con dar un golpe, detener y consignar a policías locales presuntamente coludidos con la delincuencia; revisar armas y sistema de video-vigilancia, sino de mantener los operativos vigentes. Usar a fondo los mecanismos de inteligencia y que no haya impunidad para grupos o células. Llama la atención, por ejemplo, Juchitán de Zaragoza, en donde tal parece que la muerte tiene permiso. A diario -insisto, a diario- se generan notas de homicidios, derivados de ejecuciones.
Ya no es novedad saber que, no solamente en la ciudad istmeña, sino en diversas regiones del estado, la extorsión y el cobro de piso ha crecido de manera exponencial. La delincuencia ha sofisticado sus formas. Cambió la clásica amenaza de presuntos grupos delictivos, por supuestas empresas de mensajería o hacerse pasar por empleados de bancos, solicitar datos u otros. Y hay tal forma de convencer que muchas personas de buena fe caen en la trampa de dichos grupos.
Lo preocupante es que se ha convertido en algo tan común que la extorsión casi no se denuncia. Pequeños o medianos comerciantes que apenas sacan para la renta de sus locales o sobrevivir, se ven obligados a cerrar. El citado ilícito ha llegado a tales niveles que, como lo destacó hace semanas un diario impreso de la capital del país, la delincuencia influye hasta en los aumentos en el precio de refrescos, cerveza, verduras y hasta útiles escolares.
Es pues, prematuro echar las campanas al vuelo. La Federación y los estados tienen mucho por hacer, más aún que ya se cocina en el Congreso de la Unión la iniciativa que sancionará dicho delito, que no será fácil erradicar sino con los instrumentos de fuerza y ley en la mano. Más allá de estadísticas y cifras alegres, la realidad de México y de Oaxaca en materia de seguridad sigue como rubro preocupante, que continúa poniendo a prueba la consistencia del Estado. (JPA)