El comentario de hoy, martes 9 de enero:

En el último trimestre de 2023 y, a iniciativa del gobernador Salomón Jara, el Congreso del Estado aprobó la Ley sobre Austeridad Republicana. En entrevista, a mediados de diciembre, el ejecutivo estatal insistió en su vigencia y estricta aplicación. En función de ello –dijo- se prevé una reforma a la estructura gubernamental, lo que implicaría desaparición de algunas áreas onerosas, con el consecuente ahorro para el erario.

Sin embargo, tal parece que dicha austeridad, es interpretada por algunos de sus colaboradores como las llamadas a misa. A fines del mes pasado se difundieron fotos de una funcionaria de segundo nivel de la Coordinación Estatal de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, posando para la foto en Copenhague, Dinamarca. Otra más, segunda en la Secretaría del Medio Ambiente, haciendo ostentación de su visita a Los Cabos.

La primera es una funcionaria que se ha convertido en azote de las universidades privadas, a las que exige que cada alumno de nuevo ingreso presente una carta de validación de su certificado de estudios, trámite que muchas veces se tiene que hacer ante la Secretaría de Educación Pública y acudir personalmente a la Ciudad de México. Con el ardid de que en el gobierno pasado hubo muchos cachirules, ha hecho pagar a justos por pecadores, con un largo y oneroso peregrinaje en el burocratismo alentado por la 4T. El trámite tiene un costo y en esa área de gobierno se lo sacaron de la manga.

Pero hay algo más grave en la aplicación de la famosa austeridad republicana. Mientras el ejecutivo estatal afirma que su equipo de seguridad se ha reducido, sus subordinados al parecer lo han incrementado. O ¿cómo se explica que funcionarios y funcionarias de primer y segundo nivel, acudan a entrevistas o reuniones en costosas camionetas blindadas y blindadas también con escandalosas escoltas? El guarurismo en su máxima expresión. Y nada tienen que ver con servidores públicos ligados con áreas de seguridad o justicia que, por ley, deben ser protegidos.

En el régimen pasado, había titulares de áreas que, para apantallar a los paisanos, iban por doquier acompañados de sujetos armados. Elementos policiales o agentes de investigación parados en esquinas o afuera de restaurantes, como momias, si no es que cargando la bolsa del mandado de la señora o recogiendo a los hijos en las escuelas. El guarurismo, desafortunadamente, se ha exacerbado. Seguimos arrastrando ese ominoso vicio del pasado.

La pregunta es: ¿a qué le tienen miedo? ¿Cuentan con medidas cautelares porque hayan sufrido atentados y amenazas o porque es una manera un tanto burda de ocultar sus ligas con grupos criminales? Sin duda alguna, el ejecutivo estatal debe apretar tuercas y exigir el cumplimiento a la ley, cuya iniciativa ha sido parte de sus propuestas de gobierno. (JPA)