El comentario de hoy, martes 7 de mayo 2019

La semana pasada, el aún titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, acompañado de controvertidos personajes, estuvo en la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya. El motivo fue entregar un informe sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada, entre el mes de mayo de 2006 y agosto de 2007, período en el que afirma, se dieron una serie de ilícitos por parte del Estado Mexicano, y particularmente del gobierno de Oaxaca, calificados como de lesa humanidad.

En esos 15 meses –se señala en el Informe- se cometieron presuntas ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y detenciones ilegales, que demuestran los patrones sistemáticos y la política por parte del Estado Mexicano para generar terror entre la población mayoritariamente indígena. Y da cifras: Treinta ejecuciones extrajudiciales, trescientas once detenciones arbitrarias, doscientos cuarenta y ocho casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de por lo menos dos personas.

En mi particular opinión, a 13 años de distancia, no hay claridad en torno a la verdadera naturaleza de este movimiento político y social, que trastocó por completo la vida de los oaxaqueños. Lo único que sabemos es que fue localista y jamás permeó a nivel nacional. Fue, asimismo, un movimiento manipulado del que algunos han tratado de sacar ventaja política, cuando la víctima verdadera fue el pueblo de Oaxaca. Dicho movimiento fue, en el fondo, un ajuste de cuentas entre mafias de la política.

En este contexto, cada que el momento político lo requiere, dicho movimiento es revivido. No obstante el deseo de muchos oaxaqueños de ver hacia delante y superar ese pasado ominoso, hay quienes insisten en mantenerlo vigente. En su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución con carácter no punitivo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos difundió también de manera oportuna, un Informe Especial sobre los hechos. Es más, el ex gobernador Gabino Cué, creó la famosa Comisión de la Verdad, que se enmarañó en contradicciones y verdades a medias.

Sin prejuicios de ninguna especie, mucho menos con ánimo inquisitorio de buscar culpables o inocentes; víctimas o victimarios, la pregunta que ha flotado en el ambiente es: ¿cuál es el fondo de revivir ese período aciago de la historia oaxaqueña? ¿Acaso es un intento perverso para enconarnos más; mantener vivos el odio y la división, que no es precisamente el papel de un órgano de buena fe, como es quien se dice protege y salvaguarda los derechos humanos? Y ahí lo dejamos de tarea. (JPA)