El comentario de hoy, martes 7 de marzo 2023

La semana pasada se dieron dos actos de autoridad que motivaron, al mismo tiempo, críticas y reconocimientos. Por un lado, fue el desalojo de un grupo de mujeres triquis lideradas por Lorena Merino, que habían vuelto a los pasillos del Palacio de Gobierno, de donde fueron desalojadas el 2 de diciembre de 2022, ahora en protesta y exigencia de una y mil demandas. La información oficial que fluye a diario, dio cuenta de decenas de reuniones con funcionarios de gobierno. La cerrazón de las inconformes fue evidente.

Al día siguiente, un grupo de vecinos de Santiago Xiacuí, luego de cerrar los accesos al Palacio de Gobierno fueron desalojados por la Policía Estatal. Se usó gas lacrimógeno. La Secretaría de Gobierno emitió un comunicado donde confirma el clima de tolerancia y respeto a la libre manifestación. Pero advierte, que no se va a negociar con quienes pretenden tomar rehenes, menos entregar recursos públicos a grupos sin representación legal o a quienes pretenden mantener cacicazgos y privilegios.

En opinión de algunos, fue un intento de reeditar el conflicto del 2006. Se mencionó, asimismo, ribetes represivos del gobierno actual. Por el contrario, en redes sociales hubo quienes opinaron que ya era necesario que se tomaran medidas drásticas, ante este clima de impunidad que prevalece. El caso de Xiacuí es patético. Desde hace años los grupos ligados a personajes o partidos políticos viven alentando el conflicto interno para que no haya elecciones municipales.

Morena, el Partido del Trabajo, organizaciones sociales como COMUNA y hasta diputados federales y locales tienen metidas las manos, para que sus leales, que se disputan y programan el cargo de comisionado municipal, les salpiquen algo del presupuesto. En el caso de las mujeres triquis, no es el retorno a sus lugares de origen y la seguridad para ello lo que les preocupa, sino seguir explotando el espacio público del que se apropiaron, contra la ley, durante 12 años.

Dado que se trata de dos grupos indígenas: triquis y zapotecos de la Sierra Norte y con respeto a nuestros pueblos originarios, en los cánones de la política, cuando se ha agotado el diálogo, el gobierno, como representante legítimo del Estado, puede usar los instrumentos que la ley pone en sus manos. Nadie en su sano juicio le apuesta a la violencia, mucho menos a la represión. Pero en Oaxaca hay un hartazgo generalizado ante quienes violan de manera flagrante la ley y los derechos de terceros. Ser indígena no es una patente de corso o impunidad. Tampoco la pertenencia a un gremio, organización, grupo o partido. El gobierno debe hacer uso de la fuerza cuando se ponga en riesgo la gobernabilidad y la paz social. Ante los abusos y atropellos que hemos padecido como sociedad inerme, es tiempo ya de que se ponga orden. Pero que esa política no sea selectiva sino generalizada. Que nadie, absolutamente nadie, se quiera ubicar más allá de lo que la ley permite. (JPA)