El comentario de hoy, martes 6 de diciembre, 2022:

El pasado 27 de noviembre y luego de cuatro días de deliberaciones, se despejó la incógnita respecto a la nueva dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fue electa como Secretaria General de dicho gremio, una mujer. Maestra en Lingüística, por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social –el CIESAS-, además, indígena de la etnia ayuuk o mixe.

Pese al mérito notable de que sea una mujer que, por primera vez en la historia del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación, está a la cabeza del Comité Ejecutivo Seccional, todo indica que vuelve por sus fueros el discurso beligerante, ese radicalismo pernicioso del que el pueblo oaxaqueño está harto. Esto implica que la calma chicha que se mantuvo durante al menos los últimos cuatro años, con ciclos escolares completos –pese a la pandemia- y discreto activismo magisterial, se trastocará en calendarios de lucha y cierre de escuelas.

Esto es, pareciera que dicho gremio pretende recuperar fueros o privilegios, como aquella concesión que contra derecho le fue concedida a la Sección 22 en 1992, de designar a funcionarios en el IEEPO y que les fue arrebatada en 2015, por disposición de la Secretaría de Educación Pública. La respuesta vino poco después. El 19 de junio de 2016, con los hechos de Asunción Nochixtlán y la consecuente victimización.

Lo que no ha quedado claro a los sectores radicales del magisterio, ése que se asume revolucionario, pero que si no le depositan a tiempo su quincena da de brincos, es que su lucha social debe encaminarse no a pedir la libertad de los presos políticos, o desenterrar el hacha de guerra para castigar a quienes dicen son responsables de la represión en 2006, sino a cómo mejorar la calidad de la educación, en beneficio de educadores y educandos.

El pueblo oaxaqueño –y ahí debe centrarse la política del nuevo gobierno- ya no quiere más escuelas cerradas ni alumnos en sus casas y maestros en las calles. El rezago educativo que arrastra la educación pública y que se remonta a 42 años, no es por la pobreza, ni la falta de conectividad, ni la inconformidad social, sino por la irresponsabilidad de quienes tienen a su cargo, ser el eje del proceso enseñanza-aprendizaje. La negociación de plazas y privilegios que antes se hacía con gran opacidad entre sindicato y autoridades, ya no es posible. El gobierno federal ha cedido importantes beneficios, seguramente convencido de que los maestros harán su parte. Pero no. Desde antes de asumir el cargo constitucional, el gobernador Salomón Jara saludó a la nueva dirigencia magisterial y abrió la posibilidad del diálogo. Sin embargo, tal parece que los aludidos, ya tienen su propia ruta radical. (JPA)