Opinión 

El comentario de hoy, martes 5 de marzo 2019

Desde el 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrió el caso lamentable de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la suerte quedó echada para la paz social de este país. Y en Oaxaca lo deploramos aún más. Investidos con una coraza de impunidad, los estudiantes de las 11 normales del sistema estatal, pueden hacer simplemente lo que les venga en gana. Lo mismo atracar en casetas de cobro que bloquear carreteras; igual cerrar cruceros que terminales de autobuses.

Parece haberse vuelto una institución el secuestro de autobuses, la retención de vehículos utilitarios, el cierre carretero y el chantaje para validar vicios. Pero que nadie los toque, porque de inmediato iniciará el suplicio gubernamental de justificar sus acciones –si es que las hay- ante una victimización perpetua. Es más, como ocurrió la semana pasada cuando la Policía Estatal montó un operativo para evitar el secuestro de más autobuses, los dirigentes enarbolaron en entrevista, su derecho a manifestarse, empecinados en poner a la ciudadanía contra la pared, como si ello fuera un derecho constitucional.

La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Y cuándo estudian los futuros maestros, que quieren plazas sin evaluación y se han caracterizado por su desapego a la academia y su propensión al vandalismo? ¿Por qué las capuchas y pasa-montañas, si como dicen su lucha es legítima, por qué simulan actuar como delincuentes? Hace tres o cuatro décadas, había una tesis que decía que todos a los diecisiete años nos habíamos sentido revolucionarios. Pero, sin duda alguna, hoy vivimos otros tiempos.

Información del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca –el IEEPO- dio cuenta de que 12 de sus demandas habían sido cubiertas, en cuanto a la validación de estudios, el plan curricular y la matrícula de alumnos que ingresaron en agosto de 2018 al sistema de normales en Oaxaca. Asimismo, el número de matrículas, la transparencia en los exámenes de admisión, el ingreso al Servicio Profesional Docente y la suspensión temporal de la evaluación de ingreso y promoción de educación básica, entre otras concesiones.

Pero no, la idea ha sido dejar las aulas y ganar la calle para exigir más y más, poniendo a la ciudadanía inerme contra la pared y generando el repudio generalizado del pueblo. Porque los oaxaqueños ya no podemos más. Y la exigencia hacia el gobierno estatal de que aplique la ley sin miramiento alguno es constante. No más impunidad provenga de donde provenga. El caso Ayotzinapa, está dejando al descubierto aristas que hasta hace poco permanecían en la oscuridad. ¿Cuál es el afán pues, de seguir por la ruta equivocada del encono social a sabiendas de que la sociedad detesta este tipo de prácticas? (JPA)

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