El comentario de hoy, martes 4 de julio 2023

La semana anterior, el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del gobierno estatal, develó presuntas operaciones ilícitas en cuatro notarías en el estado. Se trata de un capítulo más en las indagatorias respecto al llamado Cártel del Despojo. Del tema han corrido ríos de tinta y muchas opiniones en medios electrónicos, la mayoría condenando el mal uso que se le ha dado a la llamada fe pública, así como la urgencia de restituir ante la sociedad la confianza en la labor que realizan los fedatarios.

El otorgamiento de fiats o patentes ha sido potestad del jefe del ejecutivo. Se hace de manera discrecional. Quien firma el documento es el Secretario de Gobierno, lo cual le da validez. Y desde el pasado Siglo XX se conceden por igual a familiares, colaboradores cercanos, incondicionales y hasta por presiones políticas o pago de favores. En los últimos días del gobierno de Ulises Ruiz en 2010, se impuso la mesura de cierto alto funcionario para detener el otorgamiento de 36 patentes. Incluso –se sabe- otros colaboradores del mismo ejecutivo, vendieron dicho privilegio en varios millones de pesos.

El ex gobernador Alejandro Murat no renunció a esa potestad. Y también otorgó las suyas. En ciertos casos, supongo permitido por la Ley del Notariado, los hijos heredan las patentes. En Oaxaca hay fedatarios públicos que en familia acumulan tres, cuatro o hasta cinco notarías. Es decir, la fe pública convertida en legado familiar. Verdaderos emporios. Todo ello gracias al tráfico de influencias y el cabildeo con el ejecutivo en turno. Y ese favoritismo ha permitido una y mil irregularidades.

Hay fedatarios con una carrera pulcra y haciendo honor a su papel ante la sociedad. Pero hay otros que han sido denunciados públicamente, sin que el largo brazo de la justicia les haga mella. Hay casos en que abiertamente han estado involucrados en acciones de despojo. Y no pasa nada. La cloaca se destapó hasta que el llamado Cártel del Despojo se convirtió en una bola de nieve. Eso, desgraciadamente, no es nada nuevo. Viene de hace al menos dos décadas. Políticos y ex funcionarios los principales beneficiarios.

Si la política del gobierno de Salomón Jara apunta hacia la restitución de la confianza en la fe pública, debe ir a fondo y con la ley en la mano. Se sabe por ejemplo que algunos de los nuevos beneficiarios con fiats, que hoy andan huyendo, forman parte de esos clanes familiares que han hecho de la citada fe pública una cloaca de negocios ilícitos y hasta criminales. En efecto, urge una limpia, una acción punitiva instrumentada desde la cúpula gubernamental, para meter orden y devolverle la confianza a la sociedad. Sin duda, ésta lo verá con buenos ojos. (JPA)