El comentario de hoy, martes 30 de marzo 2021

Más de una semana se mantuvo el paro de la Policía Estatal Preventiva. Acostumbrados como estamos los oaxaqueños a paros, movilizaciones y marchas no fue una sorpresa. El mismo ejecutivo estatal encabezó las mesas de diálogo. Más allá de demandas genuinas como la de mejorar sus condiciones económicas, la situación laboral y de otorgar los beneficios que marca la ley para las viudas de cinco policías masacrados en San Vicente Coatlán, entre otras, la negociación vino derivando en exigencias tiradas de los cabellos y demandas fuera de la realidad.

Oaxaca –y aunque las autoridades digan lo contrario- no es un remanso de paz y el Edén mítico de seguridad. La cúpula policial se ha regodeado en el mito de que somos una de las entidades más seguras del país. Con salarios de hambre no se puede exigir una cobertura responsable de las corporaciones. Menos con racionamientos burdos de combustible y viáticos. Impensable que haya opacidad en el manejo de los recursos destinados a salvaguardar la seguridad de la sociedad. O de jefes luciendo costosos vehículos y la tropa a pie.

Sin embargo, cuando un tema laboral es permeado con propósitos político-partidistas, ahí sí, como se dice vulgarmente, “la burra tuerce el rabo” y demerita la naturaleza de un movimiento genuino. Que no fue el caso. No hay que olvidar que estamos en tiempos electorales. Todo, todo movimiento tiene un perfil de ventaja para quien lo manipula. Es decir, aquí nada es fortuito. Hay que ver entre líneas este proceso de negociación, para darse cuenta del porqué de tanta cerrazón.

Exigir 300 pesos diarios por concepto de bono de alimentación, a sabiendas de que cada elemento trabaja 24 horas y descansa 24, que se paga independiente al salario, denota una postura absurda. Las condiciones económicas del estado, en tiempos de emergencia sanitaria, considero que no son las mejores. Se han perdido miles de empleos y cientos de empresas han cerrado en la entidad. La crisis ha fustigado a miles y miles de oaxaqueños.

En lo personal me ha parecido absurdo dejar en la impunidad el crimen cobarde que segó la vida de cinco policías, emboscados en San Vicente Coatlán, en noviembre de 2019. Debió ser investigado y los criminales llevados ante el juez. Pero no. El hecho se dejó al arbitrio del olvido y arropado con el manto del encubrimiento. Toda la fuerza del Estado se debió haber volcado para ir por los responsables. Lo menos que se debe hacer es compensar la pérdida de vidas a los dolientes, esposas o familiares. No hacerlo es pecar de indolencia, apatía y nula solidaridad. (JPA)