El comentario de hoy, martes 28 de diciembre 2021

Lo que vivimos los citadinos en días previos a la Navidad es algo que no debe ocurrir más. Un verdadero caos fue el que desataron los sindicatos del ayuntamiento capitalino ante la falta de pago de sus quincenas y aguinaldo. Muchos podemos decir que con razón. La mayoría de dichos trabajadores vive al día, de sus salarios y de su trabajo. Sin embargo, lo que está en tela de juicio no es la razón o no de sus demandas, sino el hecho de vulnerar el derecho de terceros para exhibir a un gobierno local irresponsable.

Desde hace mucho hemos insistido en el tema. La libertad de expresión es, sin duda alguna, un derecho que nos otorga la Constitución. Pero no es un cheque en blanco para vulnerar el derecho a la libre circulación, ni, mucho menos, para poner en un brete el Estado de Derecho. El gobierno estatal debe aplicar aquí lo que Max Weber definió como la ética de la responsabilidad. Ejercer su derecho a la fuerza. Sean demandas justas o no, nadie, absolutamente nadie, debe atentar en contra de la libertad de otros.

Lo más doloroso y abominable es que una mala decisión del electorado, que hace tres años le apostó a un cambio, sin reparar en la falta de experiencia, oficio político y capacidad, siga en las mismas. Lo que vivimos en días pasados, es el fracaso de un gobierno local, no sólo incapaz de cumplir sus compromisos institucionales, sino de responder a las más elementales normas que debe existir entre una administración y sus trabajadores. Tampoco es hacer de la política del avestruz, esconder la cabeza, un auto de fe.

Si bien es cierto que los golpes que padeció la ciudadanía inerme, el turismo nacional y extranjero, la industria turística en general y demás, no era respuesta a la omisión o competencia del gobierno estatal, también es cierto que todo aquello que ponga en riesgo el Estado de Derecho, provenga de donde provenga, sí debe ser atribución del mismo. La ciudadanía está harta. El Poder Ejecutivo no debe permitirlo más, ante el silencio cómplice de los diputados del bloque mayoritario, que con ello han demostrado su negligencia e incapacidad. Lo hemos dicho una y otra vez: no es lo mismo ganar elecciones que gobernar. Hay duras lecciones en el pasado de aquello de lo que el pueblo oaxaqueño abomina. El conflicto del 2006 o el affaire Nochixtlán del 2016. Pero ello, no debe ser una camisa de fuerza para no actuar conforme a derecho. Nadie quiere que escenas como las de los últimos días se repitan. Es una afrenta, un agravio al pueblo oaxaqueño. Los responsables, sean quienes sean, deben pagar por ello. (JPA)