El comentario de hoy, martes 27 de junio 2023

El pasado 15 de junio, la muerte volvió a territorio triqui. Dos maestras y agentes de pastoral en la iglesia de San Juan Bautista, Copala, originarias de Tierra Blanca, fueron asesinadas. Viajaban en un vehículo de la Agencia Estatal de Investigaciones. Gertrudis y Licerina se anotan a la larga lista de crímenes en dicha etnia. Entre los grupos que se disputan la supremacía, no hay visión de género ni nada parecido. Se ejecutan por igual, mujeres que hombres, ancianos que niñas.

El lunes 19, en protesta por estos hechos criminales, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –MULT- bloqueó diversos puntos carreteros del estado. Y señaló como presunto autor del crimen, a su adversario más enconado: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente –MULTI-. Entre ambos, le ha quedado claro a la sociedad y al gobierno federal y estatal, no hay más camino que la violencia y la muerte. Los diálogos de paz y conciliación se han entrampado cada día más.

De los acuerdos que se propuso el ex gobernador Alejandro Murat, con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, todos abortaron. De los que se han perfilado en la administración de Salomón Jara, han llevado el mismo camino. Cuando se avizora alguna ruta para alcanzar la paz o un pacto de civilidad, hay un crimen que lo ensombrece. Es evidente pues, no hay ni voluntad ni deseo sano de terminar con esta carrera criminal en el mismo grupo étnico.

Desde los años setentas del Siglo XX, cuando se obligó al gobierno a que el Ejército Mexicano saliera de la zona, la mal llamada Nación triqui se convirtió en una tierra de nadie. Hay miedo para las autoridades a intervenir y detener este baño de sangre; para instrumentar una campaña de desarme. Se configura el exterminio interétnico, que se traduce en desplazamiento forzado de familias que, de inmediato se asumen desplazadas. Y ello las ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno.

Pero, ¿por qué éste y los anteriores gobiernos han visto con tanta indulgencia los crímenes y más crímenes que se cometen entre los triquis? ¿Por qué alentar el clima de impunidad y que a un asesinato siga la venganza en un cuento de nunca acabar? Porque no hay el menor interés en ir por los sicarios que una u otras organizaciones tienen, para infundir el temor entre los indígenas, cual si fueran delincuencia organizada. Porque la ley aquí es una falacia. Y cualquier hecho criminal se quiere encubrir con las sobadas mesas de diálogo. Puedo asegurar que en la medida en que se lea la cartilla a los dirigentes y se vaya a las montañas de Yosoyuxi, La Sabana, Copala y otros pueblos de Juxtlahuaca, donde se esconden los criminales para llevarlos al penal, si esta guerra no termina, al menos entrará en un impasse de tregua y tranquilidad. (JPA)