El comentario de hoy, martes 26 de septiembre 2023

El 26 de septiembre de 2014, se dio uno de los episodios más oscuros y deleznables que registre la historia contemporánea de México. La desaparición forzada y asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. Este crimen colectivo sigue como una mancha indeleble en la conciencia colectiva de los mexicanos. Un atentado de lesa humanidad que ha devenido entre una fallida verdad histórica, la opacidad, la complicidad y las falsas promesas.

En el proceso del esclarecimiento de los hechos, se logró establecer una acción concertada para la desaparición de los jóvenes, de autoridades civiles, policías municipales, miembros del Ejército Mexicano, de la Marina, funcionarios federales, pero, sobre todo, de grupos delictivos que aún prevalecen intocables. Lo grave es que, a nueve años de distancia y de casi cinco años de la promesa presidencial de castigar a los responsables, hay aún opacidad para deslindar responsabilidades.

Las detenciones y órdenes de aprehensión para castigar presuntos excesos y acciones contra la ley, de funcionarios del régimen de Enrique Peña Nieto, han contrastado, con las verdades a medias, tropiezos y ocultamiento de información en la actual administración. Es evidente: no existe voluntad política para darle al pueblo de México, la satisfacción de que este crimen colectivo no quedará impune.

La llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, que preside el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, parece haber sido hasta hoy, no más que un muro para proteger a las fuerzas castrenses que habrían estado involucradas. El 18 de agosto de 2022 se publicó un informe de la citada comisión, con 6 anexos, cuyas inconsistencias y vacíos, fueron cuestionados por padres y madres de los desaparecidos.

Centenas de reuniones, sesiones, entrevistas y violentas protestas, han sido el caldo de cultivo de este abominable tema, del que se ha desprendido el juicio implacable de: “el responsable fue el Estado”. Incluso, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –el GIEI- del que formaron parte algunos personajes como Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristáin, el único organismo cuyas investigaciones se apegaron más a la realidad de los hechos, se retiró del caso en el mes de julio.

En tanto se siga ocultando información; se siga solapando la secrecía y la discrecionalidad de ciertas áreas del actual régimen, desde el más alto nivel, no habrá justicia para los desaparecidos ni una explicación coherente y apegada a la verdad para los familiares. La verdad tal cual, pegaría en la línea de flotación de quienes mantienen el poder, con miras a las elecciones de 2024. En tanto, quien pagará los platos rotos será la sociedad inerme, ante los arrebatos y atropellos en las protestas de los normalistas. (JPA)