El comentario de hoy, martes 25 de enero 2022

Llama la atención y a veces, hasta mueve a risa, la necedad entre funcionarios estatales, de insistir en que Oaxaca es una de las entidades más seguras de México. Por supuesto que no lo es. El inicio de este año se perfiló junto con Zacatecas, como los dos estados más violentos del país. Hay fuentes periodísticas que estiman en 35 los homicidios dolosos en las dos primeras semanas de enero. Incluyendo, obviamente, al menos 7 feminicidios.

Esta situación va acorde a las declaraciones de algunos organismos empresariales que insisten en que las inversiones se han contraído, justamente, por el clima de inseguridad que prevalece en la entidad. Se habla con insistencia de las bondades que traerá consigo en el corto y mediano plazo, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, pero el gobierno federal, responsable de dicho proyecto, ha dejado suelto el tema de la seguridad.

Han pasado al menos tres años de haber arrancado y los trabajos nada más no avanzan. Ahora, porque algunos sindicatos con ligas delictivas están encareciendo el suministro de materiales pétreos, como se ha mencionado en columnas de los diarios Reforma y El Financiero. A ello hay que agregar, el método abominable del bloqueo carretero, que se ha exacerbado no sólo en el Istmo sino en toda la entidad oaxaqueña, incluyendo su capital.

Desde hace años, algunas empresas se fueron de la zona istmeña, no sólo por la presencia delictiva y las extorsiones, sino también, por la presión de organizaciones sociales como la Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo (COCEI) y otras, como la UCIZONI o la Asamblea para la Defensa de la Tierra y el Territorio, que han traído a raya a las empresas que generan energía eólica, aunque también, a tiendas de auto-servicio y hasta gasolineras.

Un empleado desleal o irresponsable despedido, es motivo suficiente para cerrar negocios, bloquear carreteras o convertir a la región en una tierra de nadie. El bloqueo ya es una institución, al igual que la toma de casetas de cobro. Y seguirán hasta en tanto el gobierno estatal y federal no garanticen un clima de seguridad y libre tránsito. Es cierto, no somos una ínsula de paz social en un país lacerado por la violencia. Pero algo se tiene que hacer.

Por fortuna, al parecer hay voces en la nueva Sexagésima Quinta Legislatura del Estado, que han expresado la urgencia de regular los excesos que se quieren encubrir como libre expresión, como es el caso, justamente, de los bloqueos carreteros, a calles y avenidas. Oaxaca no puede más con esta impune cultura del chantaje y afectaciones a los derechos de terceros. (JPA)