El comentario de hoy, martes 21 de febrero 2023

El pasado sábado, en unos pastizales en la carretera entre Juchitán y El Espinal, en el Istmo de Tehuantepec, fueron encontrados los cadáveres de una niña de 9 años y su hermano de 7, con evidencias de haber sido asesinados con violencia. Los primeros indicios reportaron que eran vecinos de una colonia popular de Juchitán de Zaragoza, en donde presuntamente padecían mal trato de sus padres, quienes los obligarían a vender dulces y frituras. Ello será tarea de las instancias competentes.

Este caso tan triste y deleznable despertó una gran indignación en los diversos sectores sociales. Ya es común escuchar en los discursos oficiales esgrimir la defensa de niños, niñas y adolescentes, incluso operan áreas de ciertas dependencias que tienen bajo su responsabilidad este tema. Hay una Fiscalía Especializada. Y oficinas en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que actúan en consecuencia ante malos tratos o trata de menores.

El tema del trabajo infantil no es algo simple. Genera controversias. Desde aquellos menores que coadyuvan bajo la vigilancia de los padres a la economía familiar, hasta quienes son obligados a llevar dinero a casa, para alimentar a padres vividores. Sin embargo, pese a leyes y reglamentos sobre la explotación infantil, ésta sigue. Hoy mismo, en la capital oaxaqueña, se ven de nuevo a menores indígenas chiapanecos, tzeltales y tzotziles, pidiendo la moneda. Unas niñas, cargando a bebés en la espalda. U otros con sus cajas de cigarros y dulces, caminando a altas horas de la noche.

Hace algunos años se descubrió un lugar en donde muchos de estos chicos vivían hacinados, explotados por enganchadores de su misma etnia que los traían de Chiapas con engaños a explotarlos laboralmente. Es una especie de trata de personas, más grave en tanto se refiere a menores de edad. Es obvio que no estamos descubriendo el hilo negro. La explotación del trabajo infantil –como ya hemos dicho- es una vieja historia. Padres o madres, no necesariamente alcohólicos o viciosos lo siguen haciendo hoy en día, con absoluta impunidad. Sin embargo, el ominoso caso de los menores asesinados en el Istmo debe reabrir la discusión sobre el posible endurecimiento de las leyes en materia de protección a la infancia, sin vulnerar derechos humanos. Este caso debe discutirse también en el ámbito legislativo. Eso aparte de que las investigaciones ministeriales revelen móviles y responsables de este crimen. Es prematuro adelantar vísperas e hipótesis, pero lo que no debe estar al margen, es la premisa de darle a niños y niñas la posibilidad de una vida digna, aunque a veces –es nuestra triste realidad- amenazada por poderes fácticos que siguen segando vidas inocentes. (JPA)