El comentario de hoy, martes 19 de febrero, 2019:

Nada más corrompido en nuestro entorno político que la llamada libertad de expresión. Bajo esta bandera se cometen las peores bajezas y aberraciones. Se bloquean carreteras, vialidades, se asaltan casetas de cobro, se secuestra a servidores públicos o se les golpea en multitud. Con ese estandarte se chantajea al gobierno para que otorgue recursos; se extorsiona a las dependencias para aprobar proyectos y sacarles dinero. En fin. Ese derecho constitucional sirve para todo, menos para el fin para el que fue creado.

A menudo vemos el cierre de la Ciudad Administrativa o Judicial por parte de organizaciones, cuyos dirigentes exigen recursos. La pregunta es, ¿bajo qué carácter, cargo o potestad, se erigen en representantes de pueblos o comunidades, las que –dicen-, requieren recursos? Insisto, ¿quién les otorgó ese mandato? Lo que vale la pena destacar es que en anuncio reciente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que de aquí para adelante, los apoyos serán otorgados a los mismos beneficiarios, sin intermediarios.

Ya no habrá pues organizaciones de miembros pobres con dirigentes ricos. Pero ese mandato presidencial debe aplicarse también en el estado. Hay una casta abominable de extorsionadores y chantajistas públicos, que se convirtieron en empresarios o potentados. Hay que ver nada más cómo viven los que encabezan la llamada Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo –la COCEI- en sus diversas vertientes u otras más, de las 350 o 400 que existen en el estado y perviven de la limosna oficial.

Muchas de dichas organizaciones sirven como punta de lanza para intereses políticos muy bien definidos. La semana pasada, decenas de vecinos de Santiago Xanica, Miahuatlán, agredieron a trabajadores –hombres y mujeres- del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana –el IEEPCO-. Luego pretendieron meterse por la fuerza, machete en mano, a Ciudad Administrativa. Son miembros de una organización caracterizada por su beligerancia y violencia, denominada CODEDI. Un membrete de los muchos que abundan en Oaxaca y han hecho de la industria del chantaje, la más rentable de cuantas hay.

Pero ya tienen aprendida la lección. Ante cualquier intento del gobierno de aplicar la ley, inventaron un término muy usual entre el magisterio: la criminalización de la protesta social. Es decir, una vez más, la pervertida libertad de expresión, con la máscara del libertinaje, tratando de justificar acciones aberrantes y bajezas. Y en Oaxaca, eso ya es una institución. (JPA)