El comentario de hoy, martes 18 de julio 2023

Desde hace al menos dos décadas, ya no es novedad que la celebración de la máxima fiesta folklórica de los oaxaqueños, La Guelaguetza, se vea ensombrecida por la amenaza del boicot. Se convirtió en una especie de resorte, una estira y afloja del chantaje y de la presión, sobre todo del magisterio y de organizaciones afines. Hay que golpear al turismo y crear psicosis colectiva, para que el gobierno afloje.

Para el llamado Cártel 22 ya es devoción pegarle al evento de los ricos, de los burgueses –como le llaman-. El boicot es inherente a su enajenación; a su fijación patológica. Uno de sus actos heroicos en 2006 fue quemar el templete del Auditorio Guelaguetza y alentar la cancelación del evento. Ha sido tal su grado de paranoia que, para opacar el evento burgués, inventaron el suyo: la Guelaguetza popular. Pero, ¡oh, paradoja! Financiada con dinero del gobierno.

Y hacen el símil de lo que tanto abominan: convites, calendas y desfile de delegaciones. Esto es, quieren pintar su raya y hacerlo un evento popular diferente, pero sólo hacen una parodia, una caricatura del evento oficial. Este año, también la celebrarán en Nochixtlán. No será pues una expresión genuina de nuestra riqueza étnica y mosaico cultural, sino tal vez una apología de los caídos el 19 de junio de 2016 o del obituario que ha traído consigo su eterna victimización.

Sin embargo, el magisterio sólo es un elemento del chantaje. Pese a que el gobierno estatal les ha resuelto más del 80 por ciento de sus demandas, insisten en recurrir a los lugares comunes. Otras organizaciones, presumo que, de las expulsadas del paraíso presupuestal, también han desplegado amenazas de boicot. “Nosotros no marchamos a lo loco… lo hacemos bajo un plan”, dijo el dirigente de Antorcha Campesina.

Cuando el titular de la Secretaría de Gobierno dijo al inicio de esta administración, que no habría más recursos para mantener a tantas organizaciones que han pervivido del chantaje y la manipulación, advertimos coletazos. Sus dirigentes harán cuanto puedan para seguir pegados a la ubre. Y en tanto el gobierno siga con el discurso de respeto a la libre expresión y el sobado diálogo, y no el ejercicio simple y llano de la ley, estos falsos redentores sociales seguirán con sus bloqueos, amagos y presión.

Por donde debe empezarse es por el Congreso del Estado. Ahí es donde aprueban los presupuestos anuales, en los cuales, el catálogo de membretes y organismos de presión, tiene autorizado un techo financiero. No es congruente que el ejecutivo les cierre la llave, mientras los legisladores empeñados en seguir pegados a la misma ubre, les sigan otorgando sumas millonarias a fondo perdido. Porque en dichas organizaciones parasitarias, la transparencia y la rendición de cuentas, es letra muerta. (JPA)