El comentario de hoy, martes 14 de febrero 2023

El lunes 6 de febrero, en la conferencia de prensa, junto al ejecutivo estatal, el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, reconoció una realidad que se sabe desde hace mucho, pero poco se ha hecho para ponerle remedio. Sólo 20 organizaciones sociales de las 200 registradas en dicha dependencia, están debidamente constituidas. Del resto, sólo se sabe que sus dirigentes únicamente buscan beneficios económicos con supuestas gestiones sociales.

Y no sólo ello, operan negocios, así como constructoras, para beneficiarse de los recursos públicos. Sin embargo, a través del chantaje, la manipulación y la presión social, lograron en el pasado e insisten en este régimen, buscar la interlocución. Sin ánimo de crítica, el funcionario no hizo un nuevo descubrimiento. Desde hace medio siglo al menos, el negocio más rentable es la farsa de “lucha social”. Un ejemplo es la Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo –COCEI-, hoy dividida en seis segmentos. Pero todos quieren estar sorbiendo y han sorbido a pasto de la ubre estatal.

Se habla de 200 organizaciones sociales, aunque algunas fuentes estiman arriba de 300. La mayoría simples membretes, operados por vividores que se dedican a lucrar con la necesidad de las comunidades. Se asumen representar a los más pobres. Son su bandera. Detrás de ellos, explotan a placer los recursos canalizados para obras sociales. Negocian con los contratistas. En las oficinas de gobierno patean, manotean, echan pestes. Y todo, gracias a que, en el presupuesto estatal, cada año se les asigna un techo financiero.

Hace tiempo comentamos que, para poder acotar a esta perniciosa banda de falsos redentores sociales, había que cerrarles la llave. Obvio, van a explotar. Lo importante es que el gobierno estatal no se eche para atrás. Tampoco hacer excepciones. Hay funcionarios estatales que han pervivido de esa falsa lucha social. Y tienen una o hasta tres organizaciones. Al menos en el pasado operaban igual, abanderando las causas de grupos sociales fantasmales. Hoy están del otro lado. Pero hay que ver, qué bien les fue, desde el punto de vista económico.

De las 20 que se salvan, tampoco son los más virtuosas. Sus dirigentes se han metido millones y millones. Además de concesiones de transporte, explotación de obras públicas y una y mil prebendas. También son activistas profesionales. Su trabajo es venir a alargar la mano a la Secretaría de Finanzas. Y tenemos la certeza de que nunca rinden cuentas. Es decir, se rigen por otro estatuto. Al menos que se sepa, la dependencia estatal de supervisión y control del gasto público, no les exige transparencia.

Si se trata de acabar con la corrupción; de evitar prácticas de chantaje y presión; de limitar a tantos líderes voraces y sin escrúpulos, que han creado su membrete, habrá que empezar por otorgar los apoyos directos a grupos y comunidades. No más intermediarios. Pero, a las organizaciones y presidentes municipales que resultarán beneficiados, exigirles cuentas peso por peso. Eso será una verdadera política de Estado. (JPA)