El comentario de hoy, martes 12 de julio 2022

Oaxaca ha estado en el ojo del huracán mediático durante algunas semanas. No es nada fortuito. Hay un escándalo que, extrañamente, se ha dejado correr. Se trata de las operaciones del llamado “Cártel del Despojo”. Para quienes hemos conocido los entretelones de gobiernos anteriores, no es nada nuevo. Lleva ya algunos años que se desarrolla con una impunidad insultante. Sin embargo, en los últimos tiempos llegó a niveles en verdad aberrantes.

Apropiarse de un inmueble de manera ilegal, con documentos falsos o, inclusive, usado artificios legales para anexarse de manera ilícita propiedades o regatear identidades, con el apoyo de funcionarios de áreas claves de la estructura estatal para dicho objeto, es una acción penada por la ley. Conlleva detrás estigmas como tráfico de influencias, conflicto de intereses, corrupción, connivencia y complicidad.

Lo que ha llamado la atención es que, pese a ser hoy en día un escándalo nacional, en el ámbito oficial estatal se siga guardando profundo hermetismo. ¿Acaso los fedatarios públicos están en otro estatuto y el gobierno que les otorga la patente tiene que solapar sus desvíos o corruptelas? Es decir, si usted cuenta con un patrimonio ganado con el sudor de su frente o el de sus ancestros, y el mismo se pone en la mira de la banda de depredadores del patrimonio inmobiliario, ¿no hay ley que lo proteja? Pues así parece.

En principio, el otorgamiento de fiats debería estar regulado por la ley y no ser sólo un atributo discrecional del ejecutivo. Cada gobernador antes de irse deja a sus favoritos, con una beca ad perpetuam que pueden explotar a placer. De acuerdo, pero que lo hagan en estricto apego a la ley, sin que sus acciones estén permeadas por la ilegalidad o la sospecha de estar en operaciones dignas de los cárteles criminales.

En los últimos días, la ciudadanía se ha enterado de hechos sangrientos en los que, presuntamente, hay fedatarios involucrados. Es muy penoso. La pregunta es: entonces, ¿en dónde está la fe pública? Si vemos casos de despojo con personas que pueden o tienen los recursos para poder denunciar o hacer públicos hechos de que son víctimas, ¿qué pueden hacer aquellos paisanos nuestros, gente humilde que, en total indefensión son despojados de sus predios, de donde viven y es patrimonio de sus hijos?

Lo que en Oaxaca y a nivel nacional se ha exigido es una acción enérgica y contundente de parte del poder ejecutivo, que termine de una vez por todas, con esta insultante impunidad, bajo la premisa de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Es decir, poner a buen recaudo de la justicia, al llamado “Cártel del Despojo” antes de que termine esta administración o, en su defecto, dejárselo de tarea al gobierno de Salomón Jara. Pero no más simulación o medianías. (JPA)