El comentario de hoy, martes 11 de julio 2023

El miércoles 5 de julio, desde muy temprano, circuló información sobre un brutal accidente ocurrido en jurisdicción de Magdalena Peñasco, en la Mixteca oaxaqueña. Un autobús de la línea “Turísticos Yosondúa”salió de la Ciudad de México la noche anterior, teniendo como destino, justamente, la cabecera municipal, Santiago Yosondúa. Se ha dicho que fue producto de una falla mecánica. Lo cierto es que cobró la vida de 29 personas, incluyendo niños.

La primera nota preocupante es que dicha unidad viajaba con sobrecupo. Por las fotografías difundidas, se advierte que se trata de un autobús viejo. Según sobrevivientes exhibió fallas, por lo que fue revisado por chofer y ayudante en la Caseta de Chalco y Tlaxiaco. Sin embargo, luego de una tragedia de esta magnitud hay interrogantes que las autoridades deben responder: ¿Quién autoriza la circulación en carreteras federales de unidades que, seguramente no cuentan con las condiciones físicas para prestar el servicio? ¿Son sometidas a revisiones técnicas? ¿Sus operadores reciben capacitación y cuentan con la licencia respectiva? En fin.

En febrero de este año, en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, un autobús destartalado que trasladaba migrantes colombianos y venezolanos volcó en territorio estatal, provocando la muerte de al menos quince personas de origen extranjero. Hubo otro accidente en Sonora, que transportaba jornaleros agrícolas oaxaqueños rumbo al Norte del país. Es decir, se trata de verdaderos ataúdes rodantes. Viejas máquinas infernales que deberían estar en algún depósito de chatarra, pero que, con la venia de las mismas autoridades son reutilizados para el transporte de pasajeros, aún sin reunir las condiciones mínimas para tal fin.

La competencia, mientras que sea legal y conforme a las normas que dispone la ley vigente, sin duda es viable. Durante mucho tiempo, la Sección 22 del SNTE tenía sus propios medios de transportar a sus mentores a la o de la Ciudad de México. Para sus marchas y plantones requerían autobuses, así fueran chatarra. Y hasta tenía sus puestos de venta de boletos frente a sus oficinas. Llegó a ser tal el negocio que se convirtió en la mina de oro de dos o tres. A cambio de un costo bajísimo del pasaje, quienes viajaban lo hacían sin el seguro de viajero obligado para toda empresa de esta naturaleza. La muerte trágica de 29 personas debe ser una severa llamada de atención para las áreas del gobierno federal que autorizan líneas y unidades de transporte. Para la administración estatal, un reto para evitar que estas tragedias se repitan, por lo que, en su ámbito de competencia, la dependencia que regula el transporte público debe realizar las inspecciones y supervisiones necesarias. Es evidente que se tocarán muchos intereses políticos y económicos. Pero, lo más importante, evitar tragedias tan dolorosas como la que hemos mencionado. (JPA)