El comentario de hoy, jueves 9 de noviembre 2023

El territorio oaxaqueño se ubica en una zona de alta sismicidad. Un porcentaje importante de los sismos, muchos de poca intensidad, que se presentan en el país, tienen su epicentro aquí o en Guerrero. El del 7 de septiembre de 2017, de 8.1 grados, ha sido uno de los más destructivos, que no letales, en la historia del México contemporáneo. Pero no son sólo los sismos. Nuestro litoral de más de 600 kilómetros nos ha hecho, asimismo, vulnerables a huracanes y tormentas tropicales.

Hay que recordar la devastación que dejó tras de sí el huracán “Paulina” en la costa y la Sierra Sur en 1997. U otros posteriores como Stan, Rick, Olaf y, hace un año, Agatha, cuyos daños aún no han sido resarcidos del todo. Una veintena de comunidades fueron afectadas por la fuerza de la naturaleza. Más de dos mil millones de pesos fueron canalizados para la rehabilitación de carreteras, caminos y viviendas. Es un acertijo saber la situación actual de los damnificados.

Y es que, ante la carencia de reglas claras y precisas para canalizar la ayuda, luego de la desaparición del Fondo Nacional para Desastres Naturales –FONDEN-, se ha querido paliar la emergencia repartiendo dinero sin ton ni son. Ello da lugar a prácticas ilícitas. Por ejemplo, se sabe que al menos tres presidentes municipales de comunidades afectadas por Agatha, huyeron con los millones destinados al apoyo a los damnificados. Y que sepa, este hecho sigue en la impunidad.

Ante huracanes y sismos, debemos vernos en el espejo de la tragedia que vive Acapulco, cuyo costo de reconstrucción estiman algunos expertos, en más de 16 mil millones de dólares. Es necesario que el gobierno estatal, no eche en saco roto el mantenimiento del sistema de alerta sísmica o la instalación de radares en la Costa oaxaqueña para advertir a la población de huracanes, tormentas o la posibilidad de tsunamis. No es recurso echado a la basura, sino una inversión destinada a salvar vidas.

Habilitar los sistemas de alertamiento no es un artificio. Los costos para la reconstrucción son demasiado onerosos. Y las tareas largas y extenuantes. Ahí están aún visibles los daños de las afectaciones en comunidades istmeñas por los sismos de 2017. Han pasado seis años y aún hay resabios en donde no ha llegado la mano del gobierno. Tengo la certeza de que hacer un balance de los daños no atendidos y los recursos aplicados, podría dar muchas sorpresas y no pocos involucrados. Acapulco pues, con la tragedia que hoy viven sus habitantes, nos debe servir como una dura lección para el futuro. En materia de desastres naturales, lo que hemos aprendido ha sido muy poco. Los efectos del cambio climático y fenómenos derivados del mismo, cada vez traen consecuencias más letales y dolorosas. (JPA)