El comentario de hoy, jueves 9 de febrero 2023

En nuestra entidad, al tenor de los aplausos de los especialistas en el tema indígena, mucho se pondera la vigencia de los usos y costumbres. A nivel nacional y desde los años 90 del siglo XX, Oaxaca puso la pauta de lo que hoy se conoce desde la perspectiva electoral, como sistemas normativos indígenas. Las asambleas comunitarias elegían a sus autoridades de manera a veces rotatoria. Pero llegaron los partidos políticos y los falsos redentores sociales a meter la nariz y esa costumbre ancestral se pervirtió.

Dichos usos y costumbres tienen también sus asegunes. Hay comunidades que siguen viendo con recelo que una mujer los gobierne. Otras encierran por igual en la cárcel a mujeres, niños, borregos o perros. Las más, quien llegue al cargo de edil tiene que haber hecho talacha en la comunidad desde topil, para poder estar en la cúpula del poder municipal. Que el Consejo de Ancianos o los tatamandones, cuya importancia se ha ido reduciendo al tenor del pragmatismo político de los arreglos y las complicidades.

Nada es pues genuino. Los cargos en el ayuntamiento se siguen peleando a muerte. Y es por el uso y abuso de los recursos municipales, las participaciones, los Ramos 28 y 33 y hoy mismo, por la disputa de los programas del gobierno federal. Pero hay otras vertientes por las que Oaxaca y sus abusos y costumbres es continuamente nota nacional. Se trata de la aplicación de la justicia primitiva, como es el caso de los linchamientos de presuntos ladrones o delincuentes.

El lunes 27 de febrero trascendió la noticia del linchamiento de dos personas en San Juan Atepec, Ixtlán. El domingo pasado, dos presuntos ladrones fueron golpeados y colgados en Chicapa de Castro. Oaxaca es junto con Puebla, de las entidades caracterizadas por hacer justicia por propia mano. En Atepec, la turba sedienta de sangre impidió el arribo de policías estatales y Guardia Nacional. Como animales cebados, quemaron vivos a quienes, según sus particulares juicios, habían cometido ilícitos previamente. Y en los últimos años, hay todo un historial de este tipo de acciones en el estado.

Lapidados, incinerados o muertos a golpes. Los casos se han dado hasta en las mismas agencias municipales de la capital oaxaqueña. Todo ello, envuelto en la impunidad que da la multitud, en la que se oculta aquel que lleva la gasolina o el que prende el cerillo. Aquel que se ceba sobre el rostro sangrante o quienes opacan con sus insultos los gritos de piedad. A veces un chisme, un rumor o los llantos plañideros de quien va a tocar las campanas e incitar a la turba, son suficientes para segar vidas. Lo peor de ello es que estos hechos criminales quedan, en su mayoría, sin castigo. Y es ahí en donde las autoridades ministeriales tienen que corregir el rumbo. No existe en el Código Penal vigente la justificación de la justicia por mano propia. El homicidio tumultuario debe ser tan grave o más que otros delitos. Está en manos de los órganos que procuran e imparten justicia, aplicar la ley. Ni más ni menos. (JPA)