El comentario de hoy, jueves 9 de febrero 2023

El tema del retorno de los indígenas triquis supuestamente desplazados, a Tierra Blanca, Copala, se ha convertido en un cuento de nunca acabar. Al menos tres intentos fracasaron en el gobierno pasado. Y otros tantos se le acumulan a la actual administración. Sin duda alguna, el tema es prioritario para este gobierno. El 23 de diciembre de 2022 se instaló la “Mesa para la construcción de la paz, justicia y bienestar de la Nación triqui”. El 4 de enero tuvo su primera reunión. Pero nada más. Sólo buenos propósitos.

En este espacio radiofónico hemos comentado que la violencia y el crimen entre los grupos que se disputan la supremacía triqui, se ha convertido en una especie de negocio de los dirigentes. Cada que asoma la posibilidad de que todos vivan como hermanos de raza que son, no faltan las acciones criminales que enturbian no sólo las mesas de diálogo, el retorno a sus lugares de origen, sino el loable propósito de concertar la paz.

El sábado 27 de enero, un militante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui –el MULT- fue asesinado en la zona. Su hijo fue herido. De inmediato fueron señalados como responsables los adversarios del MULTI. Son hechos que se repiten de manera constante. Esto es: hay mano negra para seguir con este baño de sangre. Y presionan unos y otros. Miembros de una misma etnia se exterminan entre sí. Son incapaces de vivir en paz.

Sin embargo hay un factor que siempre se soslaya en el tratamiento con dicha etnia. Y es la aplicación de la ley. Se matan unos a otros, pero lo hacen con una impunidad inaudita. Las autoridades estatales se asumen sólo árbitros. Los responsables tanto materiales como intelectuales nunca son detenidos. Y ello ha formado un círculo vicioso de emboscadas y vendettas, producto de algo que lo saben en el gobierno pero no se actúa: un presunto tráfico de armas.

Esta política blandengue ha sido aprovechada por otro segmento de supuestos desplazados. Las triquis fue fueron desalojadas de los pasillos del Palacio de Gobierno el 2 de diciembre pasado, luego de que le fueran retiradas las medidas cautelares, insisten en regresar. Funcionarios de la Secretaría General de Gobierno se han reunido con ellas, en al menos 15 ocasiones. Y les han ofrecido el oro y el moro. Pagarles la renta de espacios y de casas en el primer cuadro de la ciudad, para que vendan sus productos, entre otras. Pero no.

Siempre lo hemos dicho y con todo respeto a nuestros pueblos originarios: ser indígena no es una patente de corso para estar más allá o por encima de la ley. Tenemos una Constitución, si bien es cierto que cada día más pisoteada; una historia común; Símbolos Patrios y una bandera que nos cobija a todos, ¿cuál es pues, la razón para darle a unos, trato de excepción? ¿O sólo a unos –en la frase que se le acuña al Benemérito de América- justicia y gracia y al resto, la ley a secas? Hay que demoler esos mitos y prejuicios. (JPA)