El comentario de hoy, jueves 9 de diciembre 2021

A punto de cerrar el 2021, abundan los datos de presidentes municipales reacios a rendir cuentas de sus períodos de gobierno. Hay opiniones respecto al papel tan pobre que ha desempeñado el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO), omiso en exigir a los gobiernos locales el cumplimiento de la ley en materia de transparencia y rendición de cuentas. La información sobre desvíos de recursos, peculado, tráfico de influencias y otros, abunda.

Uno de estos casos es el de San Mateo del Mar, en donde 15 personas -13 hombres y dos mujeres- fueron masacrados por conflictos políticos y sociales en junio de 2020, cuando se eligieron las autoridades locales mediante el sistema de usos y costumbres. A los pocos meses, se sabe que el edil de dicha comunidad, fue destituido junto con todo su Cabildo, sin embargo, dice una fuente, se le siguieron transfiriendo recursos estatales, que fueron presuntamente a dar, a constructoras de socios y cómplices políticos.

Pero no es sólo el caso de la comunidad huave. Hay diversas comunidades en donde el presidente municipal ha hecho y deshecho a placer con los recursos que se le han destinado a su gobierno. Por ejemplo, el edil de San Juan Mazatlán, Mixe, que ha sido motor de protestas y bloqueos carreteros en la Carretera Transístmica, por parte de agencias municipales y de policía que le han exigido los recursos que les corresponden. Este fenómeno se repite en decenas de comunidades. Y son factor de discordia y hasta de enfrentamientos.

Desde hace tal vez una década o más, que no se sabe de algún edil al que se le haya consignado o vinculado a proceso por malos manejos. Mucho menos que se le haya obligado a resarcir al erario municipal el monto del quebranto económico. Tal parece que siguen las malas prácticas y que todo se queda en el órgano fiscalizador. En el entorno nacional, son más de cincuenta municipios oaxaqueños que no rinden cuentas y cuyos ediles, se niegan a crear los portales de transparencia, en los cuales los ciudadanos puedan constatar las erogaciones por obras y gastos. La lucha anti-corrupción, que es la bandera del gobierno federal, no puede concretarse en el orden del gobierno municipal, en tanto se sigan permitiendo las prácticas simuladas y de discrecionalidad. El órgano fiscalizador estatal, debe obligar a que la rendición de cuentas y la transparencia no sea una práctica que cada quien la aplique a su manera, sino una obligación institucional. Y aquí, a municipios pobres o con mayores recursos, por igual, se les debe medir con el mismo rasero. (JPA)