El comentario de hoy, jueves 6 de octubre 2022

La semana anterior volvió a instalarse la mesa de diálogo para lograr la paz entre los triquis, pero, particularmente, entre dos organizaciones que han convertido la zona de Tierra Blanca, en un campo de guerra: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y su escisión, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI). Es decir, ambos organismos tienen un patrón común, sólo que, gracias a las disputas internas se fracturaron.

La mesa de diálogo estuvo presidida por el gobernador del estado y el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ambos han tratado de tener éxito en la encomienda de concertar la paz y el retorno de quienes se asumen desplazados por la violencia, pertenecientes a la segunda organización. Sin embargo, como siempre ha ocurrido, hay algún hecho de sangre que ensombrece el panorama. Esta vez no fue diferente.

Sin ánimo de descalificar los esfuerzos oficiales, la historia de dicha etnia ha sido, al menos en los últimos treinta años, de violencia y muerte. Todo un caso para antropólogos y sociólogos, el exterminio interétnico criminal. Secuestros, desapariciones, emboscadas y el asesinato de mujeres, ancianos, niños, es parte de esa trama. Se ha educado a los triquis a pervivir de la dádiva oficial. Más aún, cuando se asumen desplazados y se resisten a regresar a su tierra.

Es el caso de quienes en diciembre de 2010, con ese argumento, se instalaron en los pasillos del palacio de gobierno. Y sólo lo abandonan temporalmente, cuando hay acuerdo económico de por medio. Esto es: el chantaje y la extorsión por delante. Ni el ex gobernador Gabino Cué ni el actual ejecutivo estatal, tuvieron entre su agenda política, regresarlos a su natal Copala, Rastrojo o como se llame su comunidad. Simplemente solaparon que se asentaran ahí y ahora les piden permiso cada acto cívico o social, porque gozan de medidas cautelares.

Por ello, en mi modesta opinión, para resolver el tema de la violencia y de los desplazados efectivos o imaginarios, debe ponerse por delante el espíritu de la ley. Acotar a líderes que estimulan el encono y a los vividores que manipulan a los indígenas. Darle la vuelta a la insistencia de asumirse desplazados y mantener la paz en la zona triqui, con mecanismos de seguridad. No pueden existir territorios de excepción que sean una tierra de nadie. Para ello, es urgente irse sacudiendo los estigmas, para tratar a los pueblos originarios con la misma vara que a todos. Ante la ley, somos iguales. O al menos eso dicta nuestra Carta Magna. Pues son esos espacios de excepción los que aprovechan extraños a la etnia, a su idiosincrasia, para manejarlos con intereses políticos y económicos que sólo benefician a esos falsos redentores. (JPA)