El comentario de hoy, jueves 29 de septiembre 2022

Por lo visto, algunos diputados y diputadas locales, ya empiezan a poner camisas de fuerza al futuro gobierno de Salomón Jara. La semana anterior, aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin de que los titulares de las dependencias sean, en principio, originarios de Oaxaca. En ese mismo tenor, propusieron asimismo, reformas para la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca, sin llegar al fondo del asunto que es, justamente, acotar las facultades del ejecutivo para designar a cercanos, familares o demás, como depositarios de la fe pública, hoy en el desprestigio.

Para los conocedores y observadores del quehacer legislativo, los llamados representantes populares se han contagiado de un excesivo protagonismo o es la inmediatez aquello que los mueve. Se proponen reformas a la Ley Orgánica, cuando esta administración está a punto de finalizar. Es decir, si existe el propósito de emprender una nueva ruta, el inicio está en proponer una nueva Ley Orgánica, adecuada a las expectativas de la administración que entrará en funciones.

Sin embargo, la misma puede estar contaminada por candados y excesos, como ocurrió en el gobierno de Gabino Cué, cuya ley demandaba como obligatoriedad, que todo titular de las dependencias tuviera título universitario. Y ahí rodaron cabezas. Unos carecían del mismo. Otros, presentaron documentos falsos y se fueron. Otros más solicitaron una prórroga para obtenerlo. Pero, ¿quién elaboró la propuesta? Un abogado, hoy cónsul en los Estados Unidos, que no tenía ni remota idea de lo que Oaxaca urgía en materia de administración pública.

En el actual régimen, hubo también incongruencias en la ley vigente. La misma, aunque elaborada por quien hoy es magistrado del Poder Juducial del Estado, fue como un traje a la medida. Es decir, en su cargo inicial de Consejero Jurídico, asumió funciones que históricamente le competían a la Secretaría General de Gobierno. De esa suerte, la Consejería Jurídica está convertida hoy en una súper secretaría. Atribuciones que le competían a ciertas dependencias fueron acreditadas a otras. Es decir, no una nueva ley sino un desgarriate institucional. La citada Ley Orgánica debe ir de la mano con una propuesta de reforma administrativa. Nuevas denominaciones de las dependencias o cambio de atribuciones. Si la meta es fortalecer unas en detrimento de otras, también debe ir en la lógica de un Plan Estatal de Desarrollo. Eliminar elefantes blancos burocráticos y onerosos, no está reñido con la política de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que ya ha señalado el gobernador electo. En el fondo de todo, debe estar el compromiso de cumplirle a los oaxaqueños con vocación de servicio y responsabilidad institucional. (JPA)

El comentario de hoy, jueves 29 de septiembre 2022

Por lo visto, algunos diputados y diputadas locales, ya empiezan a poner camisas de fuerza al futuro gobierno de Salomón Jara. La semana anterior, aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a fin de que los titulares de las dependencias sean, en principio, originarios de Oaxaca. En ese mismo tenor, propusieron asimismo, reformas para la Ley del Notariado del Estado de Oaxaca, sin llegar al fondo del asunto que es, justamente, acotar las facultades del ejecutivo para designar a cercanos, familares o demás, como depositarios de la fe pública, hoy en el desprestigio.

Para los conocedores y observadores del quehacer legislativo, los llamados representantes populares se han contagiado de un excesivo protagonismo o es la inmediatez aquello que los mueve. Se proponen reformas a la Ley Orgánica, cuando esta administración está a punto de finalizar. Es decir, si existe el propósito de emprender una nueva ruta, el inicio está en proponer una nueva Ley Orgánica, adecuada a las expectativas de la administración que entrará en funciones.

Sin embargo, la misma puede estar contaminada por candados y excesos, como ocurrió en el gobierno de Gabino Cué, cuya ley demandaba como obligatoriedad, que todo titular de las dependencias tuviera título universitario. Y ahí rodaron cabezas. Unos carecían del mismo. Otros, presentaron documentos falsos y se fueron. Otros más solicitaron una prórroga para obtenerlo. Pero, ¿quién elaboró la propuesta? Un abogado, hoy cónsul en los Estados Unidos, que no tenía ni remota idea de lo que Oaxaca urgía en materia de administración pública.

En el actual régimen, hubo también incongruencias en la ley vigente. La misma, aunque elaborada por quien hoy es magistrado del Poder Juducial del Estado, fue como un traje a la medida. Es decir, en su cargo inicial de Consejero Jurídico, asumió funciones que históricamente le competían a la Secretaría General de Gobierno. De esa suerte, la Consejería Jurídica está convertida hoy en una súper secretaría. Atribuciones que le competían a ciertas dependencias fueron acreditadas a otras. Es decir, no una nueva ley sino un desgarriate institucional. La citada Ley Orgánica debe ir de la mano con una propuesta de reforma administrativa. Nuevas denominaciones de las dependencias o cambio de atribuciones. Si la meta es fortalecer unas en detrimento de otras, también debe ir en la lógica de un Plan Estatal de Desarrollo. Eliminar elefantes blancos burocráticos y onerosos, no está reñido con la política de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que ya ha señalado el gobernador electo. En el fondo de todo, debe estar el compromiso de cumplirle a los oaxaqueños con vocación de servicio y responsabilidad institucional. (JPA)