El comentario de hoy, jueves 28 de diciembre:

Una de las primeras tareas del gobierno de Salomón Jara, al iniciar su gestión, fue la de lanzar la convocatoria para concertar la paz entre los triquis, luego de décadas de emboscadas y ajustes de cuentas, que han dejado una estela de sangre y muerte. Además, después del fracaso no sólo de la administración pasada sino del mismo gobierno federal, léase Secretaría de Gobernación, para sentar a las organizaciones en conflicto y lograr la paz y la civilidad.

Fue justamente el 23 de diciembre de 2022, cuando se instaló en el patio central del Palacio de Gobierno, la Mesa de Construcción de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui. Ahí, tanto el gobernador Salomón Jara como el ex Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, refrendaron la voluntad de ambos órdenes de gobierno para promover y garantizar la paz, y la seguridad de los pueblos triquis. Ha pasado más de un año y estamos no sólo en las mismas sino peor que antes.

Es obvio: los dirigentes viven de administrar la violencia y el exterminio interétnico. Es su gran negocio. Por tanto, no les interesa acabar con el baño de sangre. MULT, MULTI y UBISORT, se acusan entre sí de la violencia. Hoy una entierra a sus muertos, mañana es la otra. Aunque el gobierno estatal insista una y otra vez en sus fallidos acuerdos de paz, la realidad es que las celadas y ejecuciones siguen sin dar tregua. La impunidad de las dirigencias personales o colectivas es insultante.

Hace unos días, un vehículo presuntamente afecto a una carpeta de investigación ministerial, que tenía a su cargo la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), fue asegurada por las corporaciones policiales. Y cómo no. Transportaba miles de cartuchos de armas de fuego de alto poder. Dicha organización, convenenciera y acomodaticia, que dirige Fabián Pereda, conocido como “El Calaco”, ha pervivido de la dádiva gubernamental, sin importar el partido que gobierne.

¿Cómo acotar el tráfico de armas en la zona, con este tipo de eventos que ocurren sin llamar a cuentas a los líderes? El aludido transita por la ciudad y carreteras de la zona triqui, en un vehículo cuyo costo rebasa el millón de pesos. ¿Y de dónde? Obvio, del chantaje, la manipulación y la complicidad de las autoridades. En tanto no exista voluntad política para aplicar la ley –siempre lo hemos dicho- no habrá paz. Y la sangre derramada por los mismos triquis, seguirá como el gran negocio de los buitres que encabezan las diversas organizaciones y facciones.

Ya es tiempo de olvidarse de seguir viendo a los indígenas como mexicanos de segunda o de tercera. Si tanto se ha luchado por reivindicar sus derechos y libertades, también hay que medirlos con el mismo rasero de la ley y la justicia. Lo demás es demagogia pura. (JPA)