El comentario de hoy, jueves 27 de septiembre 2018

Uno de los rubros que muestran el atraso de un país o una entidad es el transporte público. Con el propósito de mejorar la calidad del mismo surgió para nuestra capital, el proyecto conocido como SITIBUS, en el que se invirtieron cientos y cientos de millones de pesos, en la pasada administración. Se hicieron trabajos de adecuación de calles, avenidas y Periférico, las cuales ocasionaron gravísimas molestias a los ciudadanos.

Por si ello no fuera suficiente, se adquirieron unidades modernas con un costo millonario, las cuales se encuentran en un encierro oficial, deteriorándose y sin darles el uso para el que fueron adquiridas. Se instalaron paraderos modernos y funcionales, que sólo han servido para que vándalos y viciosos descarguen en ellos sus más bajas pasiones. Los han destruido. Se trata de dinero echado a la basura en una entidad con graves rezagos. ¿Cuantos hospitales hubieran podido ser avituallados con médicos, enfermeras y medicinas, con esos millones tirados a la basura? Supongo que varios.

El efecto negativo de ello está a la vista. Desde que tengo uso de razón, el transporte público ha sido monopolizado por un reducido grupo de concesionarios. Algunos ciudadanos han hecho uso de las redes sociales para denunciar el pésimo estado de muchas unidades. Es chatarra que presta el servicio. Algunas unidades, estimo, tienen veinte o más años de uso y operan con los mismos cartabones de antaño: explotación de operadores, carreritas para ganar pasaje, saturación de rutas, mal servicio, poca o nula capacitación hacia el usuario, inseguridad, etc.

Hace poco más de un mes y sin grandes sobresaltos, no obstante la amenaza de protestas de organizaciones y universitarios, el costo del pasaje subió a ocho pesos. Nadie hizo olas. La eterna promesa de los concesionarios es cambiar el parque vehicular. No se ha hecho. Se habla de operativos para retirar los armatostes, pero no hemos visto ni un solo autobús nuevo, moderno o digno para los tiempos en que vivimos y para un usuario más exigente.

Seguimos usando la misma chatarra, las mismas unidades viejas y destartaladas, con un costo adicional que, para unos puede no ser grave, pero para otros representa un agravio a su economía. Nada ha dicho al respecto la llamada Secretaría de Movilidad. Es el problema de que en las dependencias los funcionarios sean a la vez juez y parte. Ven el compromiso institucional por debajo de sus intereses personales.

La promesa de modernizar el parque vehicular es vieja, pero nunca se cumple. Las unidades que prestan actualmente el servicio, lo están, seguramente, desde cuando el pasaje costaba un peso o dos. Hoy cuesta ocho pesos y seguramente así seguiremos, en caso de que las autoridades no apliquen la ley y hagan cumplir los compromisos asumidos. (JPA)