El comentario de hoy, jueves 27 de julio 2023

Desde el mes de mayo, el gobernador Salomón Jara habría enviado al Congreso del Estado, el texto del Plan Estatal de Desarrollo, 2022-2028. Se trata, como se ha dicho, de las líneas sobre las que caminará la presente administración en los diversos rubros y tareas prioritarias. Los ejes básicos y transversales, en cumplimiento a la Ley Estatal de Planeación vigente. Sin embargo, dicho plan fue aprobado un mes y medio después por diputados y diputadas.

Al menos desde las dos legislaturas anteriores, el Congreso oaxaqueño ha sido calificado de obeso, oneroso e improductivo. Eso no lo decimos nosotros. Lo ha documentado el Instituto Mexicano de la Competitividad. Se aprueban para sí un presupuesto anual de al menos 400 millones de pesos y aunque gasten el doble, siempre tendrán una justificación. Empero, en materia de leyes y decretos, estamos en pañales.

Período tras período de sesiones, la improductividad y parálisis es la constante entre los representantes populares. La mayoría deja de cumplir con su responsabilidad legislativa para devenir activistas de su partido político. Hay iniciativas que permanecen en la congeladora, a pesar de su importancia, como es el caso de aquellas que tienen que ver con la violencia contra la mujer. En lugar de aprobar leyes para la salvaguarda del Centro Histórico, todo se va en exhortos para que el gobierno municipal lo limpie de ambulantes y basura. Pero, para los albazos y madruguetes legislativos, nadie les gana.

Oaxaca es de las entidades del país que, con el argumento de nuestras 16 etnias que, obviamente jamás han estado representadas, tiene 42 diputados y diputadas. Son 25 de mayoría relativa y 17 de representación proporcional. Nuevo León tiene el mismo número, mientras que Chihuahua tiene 33; Jalisco 28 y Coahuila 25. El Congreso más obeso es el del Estado de México que cuenta con 75 diputados, 45 de mayoría y 30 plurinominales.

No es un secreto la falta de perfil y formación profesional de ciertos representantes populares. Por fortuna, desde la aprobación del Presupuesto para 2023 y según lo comentó el ejecutivo estatal, no hubo el famoso “pago por evento” que, antes representaba una suma millonaria para los sobornos legislativos. Además, claro, de la mayoría de las obras que se realizan en sus distritos. Ya han salido a flote las centenas de millones que les fueron asignados en el pasado a municipios controlados por diputadas y diputados. Y como ya hemos dicho, con el mismo rasero se puede medir a quienes representan a Morena, PRI, Partido Verde o Acción Nacional. Ya viene el inicio del proceso electoral, con el cual su productividad será nula. Habrá quienes levanten la mano para las diputaciones federales o presidencias municipales, sin ningún reconocimiento de la sociedad, más que la crítica y la descalificación. Sin duda pues, hace falta una reforma constitucional para reducir la obesidad de dicho órgano legislativo. (JPA)