El comentario de hoy, jueves 25 de septiembre 2025
Como una interminable película sangrienta, vuelven aflorar viejos conflictos por tierras o límites en territorio oaxaqueño. Los ánimos están exacerbados entre las comunidades de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, en la Sierra Sur. Hay que recordar que no es la primera vez que dichas comunidades velan armas. En 1986, si la memoria no me falla, un enfrentamiento entre ambas dejó al menos 16 muertos.
La historia de Oaxaca está teñida de sangre por disputas agrarias. Poblaciones de la Sierra Sur, más que en otras regiones, han sido protagonistas de verdaderas masacres. Sería labor de mucho tiempo hacer remembranza de las que se han dado en las dos o tres últimas décadas. Pero es difícil sustraerse al dolor que han causado algunas de ellas, como la que surgió el 1 de diciembre de 1998, a raíz del conflicto entre San Lorenzo Texmelucan y Santo Domingo Teojomulco, con 14 muertos.
El 31 de mayo de 2002 en el paraje de Agua Fría, fueron masacrados 26 campesinos como parte de una disputa histórica entre los pueblos de Santiago Xochiltepec y el citado Teojomulco por más 4 mil 600 hectáreas de bosque. Las mismas fueron repartidas más de cien años antes. La participación de la Federación en el caso, es igualmente antigua, tanto por su desdén como por la omisión de acciones que coadyuvaran al esclarecimiento de la propiedad del territorio.
La cuestión no se resolverá –como mucho hemos insistido- con un apretón de manos y la foto oficial de una paz ficticia que se exhibe frente a las autoridades. Hay muertos, hay agravios. Y la sed de venganza siempre aflora. Detrás de los crímenes y desapariciones que se han dado en este último conato de violencia, autoridades municipales y agrarias de las partes en conflicto deben responder a los llamados para el cese de hostilidades.
En dichos eventos siempre hay manos perversas que mueven los hilos de la violencia o ediles renuentes a vivir en buena vecindad. No hay que omitir la injerencia de partidos y actores de gobierno en la designación de presidentes municipales, que exacerba los ánimos al interior de cada comunidad, como ocurre hoy mismo en Amoltepec. Aparte, claro, de organizaciones sociales que buscan beneficiarse de esos diferendos agrarios.
Una de las razones por la que dichos conflictos no se resuelven del todo, como es el caso de los triquis, es que se convierten en un gran negocio para sus dirigentes. En tanto el gobierno estatal se niegue a aplicar la ley y se siga con el ardid del puro diálogo y los fracasados acuerdos de paz, la estela de muerte no cesará y seguiremos lamentando la pérdida de vidas. (JPA)