El comentario de hoy, jueves 24 de noviembre 2022

Durante el sexenio que está por terminar jamás se hizo uso de la fuerza pública para desalojar a inconformes, violentos, rijosos o restablecer el Estado de Derecho. Cuando éste fue vulnerado por grupos y organizaciones; maestros, normalistas o transportistas que lo habían convertido en un asunto serio para la gobernabilidad y la paz social, tampoco se usó la fuerza. En el actual régimen, ya se ha dicho, sólo prevaleció el diálogo, diálogo y más diálogo.

¿Y eso es bueno o malo se habrán de preguntar muchos? ¿Quién sacó la cara para detener a turbas que agredieron a empleados y empleadas de gobierno? ¿Quién para acotar a aquellos vecinos de San Juan Mazatlán Mixe, que en tiempos de pandemia cerraron la carretera Transístimica e impidieron el paso a camiones cargados de tanques de oxígeno, provocando tal vez la muerte de muchos enfermos graves de Covid-19 en hospitales del Istmo? ¿Y tiempo después, mantuvieron secuestrados a trabajadores del CONALEP de Tuxtepec?

No se trata de hechos aislados, sino de una especie común, cuando dirigentes y organizaciones se asumen blindados por la pusilanimidad de las autoridades para aplicarles la ley. Entonces, nos preguntamos muchos, ¿cuál es el papel del Estado y el mandato constitucional de salvaguardar los derechos humanos de las mayorías? Hasta los estudiantes de primer semestre de Ciencia Política saben que una vez agotado el diálogo para dirimir controversias o protestas, el Estado debe aplicar el uso de la fuerza.

En Oaxaca, no es tampoco un secreto, existe una exacerbada victimización. Los violentos agreden, cierran calles, carreteras, edificios públicos, incendian, saquean, etc., pero cuando observan a lo lejos los escudos y cascos policiales, se dan golpes de pecho y como plañideras gritan: ¡represión! Es decir, devienen de carniceros en indefensas reses. Y ese fenómeno se volvió una constante desde el 2006. Sin embargo, entre la ciudadanía afectada de manera permanente ya nadie cae en su juego o de que “el responsable fue el Estado”.

Ya se han roto paradigmas; ya se han demolido mitos. Es cierto, nadie en su sano juicio desea la violencia, los golpes o la sangre. Pero está más que claro que el gobernante debe discernir con sabiduría, hasta dónde se acaba el diálogo e inicia la simple y llana aplicación de la ley. No estamos hablando de represión, de agredir a quien se manifiesta pacíficamente; a quien exige justicia, sin vulnerar los derechos de terceros; a quienes exigen demandas legítimas. Es aplicar la ley y poner a salvo los derechos de los más.

Es fácil decir que tales o cuales no se tocaron jamás porque a nadie le conviene llevar el sambenito de represor. Pero, ¿alguien le ha preguntado a miles y miles de citadinos, o istmeños o mixtecos, cómo viven y se ganan la vida con cinco o seis bloqueos diarios? Esto es, sólo se ve una parte de la realidad; de lo demás, como alguien dijo en 2006: ¡Que se joda Oaxaca! (JPA)