El comentario de hoy, jueves 24 de marzo 2022

Ha sentado muy mal precedente ante la sociedad oaxaqueña, la agresión impune de habitantes y vecinos de comunidades que, de la mano de sus titiriteros, llegan a la capital y agreden con palos o machetes a la ciudadanía indefensa. Y lo mismo ocurre con empleados y empleadas del gobierno estatal, que laboran en Ciudad Administrativa o Ciudad Judicial. Que son, además, víctimas de humillaciones y amenazas.

Quienes han ganado fama por estas acciones cobardes -¡ésa es la palabra correcta!- son los vecinos de Santo Domingo Teojomulco. Entre la multitud lanzan proyectiles a diestra y siniestra. Usan para ello, hondas o resorteras. Y aún se hacen los graciosos. Rompen cristales y generan tensión en las víctimas potenciales de una pedrada en la cabeza o en el ojo. Y en las calles, rodean y amenazan por igual a hombres o mujeres; niños o ancianos.

Hace dos años al menos, cerraron los accesos a Ciudad Judicial. Impidieron la salida de los trabajadores. Cuando un grupo de mujeres trató de salir por el drenaje de dicho complejo administrativo, los rijosos quemaron el pasto seco para asfixiarlas. Lo peor: ni autoridad ministerial les fincó responsabilidades, ni de derechos humanos documentó los abusos. Hace dos semanas volvieron por sus fueros. Cometieron las mismas atrocidades.

Pero el mal ejemplo cunde y la impunidad también. Cuando la autoridad es omisa, por miedo a aplicar la ley, cada quien hace lo que le place. La semana anterior, garrote en mano y acosando cual si fueran animales, a empleados y empleadas de Ciudad Administrativa, estuvieron vecinos de San Cristóbal Amatlán. Hay fotos y videos de este evento bochornoso. La pregunta es: ¿hasta cuándo los trabajadores del gobierno estatal, sindicalizados y de confianza, tendrán garantías para desempeñar su labor?

La cuestión se repite de manera constante, en el edificio del Congreso del Estado. Varios delitos se configuran. Inclusive, privación ilegal de la libertad, lesiones, amenazas e injurias. Pero nadie mueve un dedo. Ni el gobierno estatal, utilizando la fuerza pública o los legisladores aprobando leyes ni la Defensoría de los Derechos Humanos, acreditando violaciones a las garantías individuales. Todos hacen mutis, creyendo ingenuamente o para no meterse ruido, que esta agresión a la integridad de modestos empleados, es, también, libertad de expresión. Ojalá que el sindicato de burócratas responda, al menos, por los trabajadores de base. Porque lo que compete a los de confianza, no duden que seguirán a merced de turbas violentas y cobardes. (JPA)