El comentario de hoy, jueves 18 de febrero de 2016

A raíz de los trágicos y sangrientos hechos en el Penal de Topo Chico, Nuevo León, un acontecimiento inédito en la vida penitenciaria del país, por la magnitud en pérdida de vidas, el gobierno de la República debe revisar a conciencia el sistema penitenciario del país. No es una tarea fácil, pero de la cadena que inicia con la prevención y termina con la sentencia, hay huecos jurídicos que deben ser solventados.

Diversos factores inciden en hacer de los penales las llamadas universidades del crimen, verdaderos polvorines de violencia, cuando no se han tomado las medidas pertinentes para evitarlo. En principio está el hacinamiento y la sobrepoblación; la mezcla entre procesados y sentenciados; del fuero común y el fuero federal y, sobre todo, el auto-gobierno. Pero el eje de todo es la corrupción y la ausencia total de una política de readaptación social y de la posible reinserción de los internos a la vida productiva.

Es evidente por lo que hemos visto en los últimos tiempos, que el sistema penitenciario en el país, incluyendo a los centros federales de readaptación, son bastante vulnerables. Aun los que se mofan de ser los más seguros e inexpugnables han resultado demasiado porosos. No se trata de endurecer penas o mayor rigor en los mecanismos de seguridad. No. Se trata de aplicar una estrategia para que el binomio reclusión/ readaptación sea exitoso. Pero nunca lo será en tanto la disciplina se siga relajando, con demasiados privilegios para unos y demasiado rigor para el resto.

El asesinato de algunos internos a manos de otros en Topo Chico, dejó entrever cotos de poder y podredumbre que las mismas autoridades no ignoran, pero sí en cambio han dejado hacer y dejado pasar. Y ello no es nada nuevo. Es un fenómeno que existe en México y en cualquier parte. Salvo que aquí ha tenido un desenlace sangriento. ¿Qué había detrás de este motín, que dejó tantos muertos y heridos? ¿Supremacía de un grupo sobre otro o simplemente negocios turbios?

La lectura de estos hechos no admiten duda. Habrá que revisar a conciencia la situación de los penales que existen en la entidad, entre ellos los de mediana seguridad que nos vinieron a imponer aquí, sin que hayan sido para nosotros una obra relevante de las muchas que necesitamos. La presión existente es mayor cuando se han rebasado los límites de tolerancia, en lo que se refiere a población. No hay que olvidar que no se trata de llenar penales de presuntos culpables, sino de acreditar que todos aquellos que hoy purgan condenas o están en otra circunstancia, han sido objeto del debido proceso y, desde el principio, presuntos inocentes. (JPA)