Opinión 

El comentario de hoy, jueves 15 de septiembre 2022

En octubre de 2018, cuando apenas se estrenaba la Sexagésima Cuarta Legislatura, algo que puede parecer anecdótico, al menos tres novatas diputadas locales surgidas del Movimiento de Regeneración Nacional –Morena- enarbolaron la bandera de la austeridad republicana. Cual copia fiel de sus íconos nacionales, ofrecieron acabar con aquello que llamaban frivolidades legislativas. Nada de gasolina para los vehículos oficiales, telefonía celular, viajes aéreos, menos remodelaciones de oficinas.

Muy poco les tardó la enjundia. Cuando saborearon las mieles del dispendio; de lo que el voto popular les había otorgado; de la discrecionalidad con la que opera el Congreso local, jamás volvieron a tocar el tema. Hasta el día de hoy. La pasada legislatura fue calificada por el Instituto Mexicano de la Competitividad –el IMCO- como una de las más improductivas y onerosas en el país. Nosotros le acuñamos el calificativo de voraz. Por ésa y por la actual, no pasan ni la austeridad republicana ni la pobreza franciscana.

La anterior se chutó más de 2 mil 500 millones de pesos, durante su lamentable gestión. ¿Y qué hicieron nuestros y nuestras diputadas? Salvo calentar la curul, absolutamente nada que les debamos agradecer como ciudadanos. Hubo dos leyes aprobadas. Una en 2019, la conocida como Ley para el manejo de residuos sólidos o ley anti-PET, a la que hace días le dio palo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra, llamada Ley anti-chatarra, aprobada en pleno auge de la pandemia en 2020, que hasta hoy ha sido letra muerta. Hablamos de sólo dos.

En sentido contrario, el costo al erario estatal para mantener a esta casta improductiva sigue en ascenso. Hace días trascendió que se habían autorizado un incremento de 93 millones de pesos. Y es que a sólo 2 meses y medio de haberse instalado el segundo período ordinario de sesiones, los angelitos ya le metieron duro la mano al cajón y se han gastado cerca del 70 por ciento de los casi 560 millones que tienen autorizados, que es un decir, pues con las ampliaciones presupuestales bordean los 800 millones.

Los datos no son invenciones nuestras, sino de fuentes oficiales. Sin embargo, salvo discusiones y buenos propósitos, la improductividad sigue al igual que la voracidad. Ya los veremos antes de que termine la actual administración estatal, como ya se ha hecho costumbre, pidiendo su bono sexenal. Aparte claro, de lucrar con el presupuesto y las obras que se han agenciado en sus distritos. Que se haga pues la austeridad republicana o la cacareada pobreza franciscana, pero en los bueyes de mi compadre, como dice un viejo dicho popular. Si como mucho se ha dicho, los pueblos tienen los gobernantes que merecen, lo mismo puede aplicar para nuestros flamantes legisladores. Ellos y ellas no tienen la culpa, sino quienes votamos para treparlos a las curules. (JPA)

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