El comentario de hoy, jueves 14 de febrero 2019

El domingo tres de febrero por la noche, una noticia se difundió en las redes sociales. Vecinos de Santiago Yaitepec habían incendiado casetas en donde se venden productos religiosos, en el paraje conocido como “El Pedimento”, camino a Santa Catarina Juquila, el principal santuario religioso de Oaxaca y uno de los más concurridos en el país.

Se trató de la irrupción violenta de un diferendo agrario entre ambas comunidades. Nada nuevo en nuestra conflictiva agenda agraria estatal. La historia local, al menos de los últimos cien años, está salpicada de la sangre derramada en la lucha por un pedazo de tierra. El encono ha llegado a niveles preocupantes, pues las disputas se heredan de generación en generación. Es definitivo, no son hechos aislados, sino una realidad lacerante.

Nos hemos acostumbrado también a los ficticios acuerdos de paz. Funcionarios se toman la foto en donde las autoridades civiles o comunales se dan la mano. Pero el conflicto sólo entra en un impasse, no se resuelve en definitiva. Sigue latente y reaparece de vez en cuando. Sólo en la actual administración llevamos decenas de muertos. Los conflictos por la propiedad de la tierra se empalman con otros intereses, obviamente ilícitos.

¿Qué llevó a habitantes de San Lucas Ixcotepec a masacrar a 13 vecinos desarmados de Santa María Ecatapec en julio de 2018 o a sus paisanos de Santiago Lachivía a actuar como criminales con sus vecinos de San Pedro Mártir Quiechapa, a mediados de 2017? Es una buena pregunta. Sin embargo, más allá de la política de conciliación, de acuerdos de paz o mesas de diálogo, lo que el gobierno debe privilegiar es la vigencia del Estado de Derecho. Nadie, por los motivos que tenga, puede privar de la vida a persona alguna. Así de simple.

Según ha trascendido, las pláticas entre Yaitepec y Juquila, coordinadas por la Secretaría General de Gobierno y por la Procuraduría Agraria han evitado que la violencia continúe. No obstante, el Estado no debe estar en un papel pasivo. Debe ante todo, dar una lección de certidumbre y fuerza. Evitar que la violencia siga abonando las tierras en disputa. Para ello, la distensión de las hostilidades debe ser la premisa de las mesas de diálogo. Pero no dejar impunes los crímenes que se cometen con el ardid de los conflictos agrarios, porque nadie está o debe estar por encima de la ley. Con justa razón quienes han perdido a sus padres, hermanos o hijos, en enfrentamientos, emboscadas o celadas por añejas rencillas de carácter agrario, piden justicia. Y los órganos de procuración e impartición están obligados a actuar. (JPA)