El comentario de hoy, jueves 12 de abril de 2018

En lo personal siempre me he preguntado: ¿cuáles son los criterios para que un organismo como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o la Comisión Nacional, otorguen a ciertos grupos o personas, las llamadas medidas cautelares? Presumo que deben ser temporales y siempre que se acredite la realidad en la que viven los cautelados.

Y menciono esto por la forma en la que las citadas medidas pueden encubrir conductas que desde cualquier punto de vista, están fuera de la ley. Pongo de ejemplo a ciertos segmentos de la etnia triqui que, desde hace ocho años, se posesionaron del zócalo de la capital y los pasillos del palacio de gobierno, pero son intocables, justamente porque cuentan con las sobadas medidas cautelares.

No son pocos los casos en que el grupo minoritario, pues sólo tiene a cuatro indígenas cautelados, que lidera Lorena Merino, ha puesto la nota en medios impresos y electrónicos, por la beligerancia y oportunismo con la que le exigen al gobierno, no sólo lo necesario para su supervivencia –que sería lo que mandata el organismo internacional de derechos humanos- sino dinero, lotes, viviendas, comodidades y demás.

Ponerse el ropaje de víctima y lucrar con el mismo, parece permear en nuestra cultura política. Existe un término puesto de moda por los dirigentes del magisterio: la criminalización de la protesta social. Con el profundo respeto que merecen los grupos indígenas de todas las etnias, en donde tiene su raíz mi identidad originaria, a diferencia de todas las demás, es la triqui en donde se ha incubado la violencia, pero también la mendicidad. En su zona de influencia, es un caso atípico de exterminio interétnico. Asesinatos, desapariciones forzadas y otros, entre los mismos indígenas, los han puesto en el escaparate de la crítica.

¿Sabrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que entre los mismos cautelados se han colado sujetos que tienen carpetas de investigación por trata de personas? ¿Y que hay casos documentados sobre este ilícito entre dicha etnia? Con certeza lo desconocen. No entiendo pues el por qué las autoridades estatales no acuden ante el citado organismo para clarificar los alcances y los límites de las famosas medidas cautelares, puestas como escudo para encubrir actos fuera de la ley.

Insisto: ya es tiempo de ir demoliendo mitos y poner a cada quien en su lugar. Es evidente que hay grupos indígenas –mis respetos para ellos- que trabajan en su hinterland –su espacio vital- y son productivos, creativos, con sus usos y costumbres vigentes, pero no extendiendo la mano ni haciéndose víctimas perpetuas. (JPA)