El comentario de hoy, jueves 11 de octubre de 2018

En poco más de un mes, la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado concluirá su gestión. Su labor como uno de los poderes autónomos ha sido poco más que lamentable. Durante algunos meses en este año, el tercero de su ejercicio, el edificio legislativo de San Raymundo Jalpan estuvo prácticamente vacío. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nuestros y nuestras legisladoras estaba en campaña. O querían la diputación federal o las presidencias municipales. La parálisis pues, se adueñó de nuestra onerosa e improductiva Cámara local.

A nivel nacional, de acuerdo a mediciones realizadas por el Instituto Mexicano de la Competitividad, el congreso local oaxaqueño es uno de los más onerosos del país. Su presupuesto de más de 600 millones de pesos anuales, contrasta no sólo con la pobreza de más de un millón y medio de oaxaqueños, sino con el deficiente trabajo legislativo. Nuestros legisladores se despachan pues, a sí mismos, con la cuchara grande.

Sin embargo, lo que los expertos del Instituto de la Competitividad desconocen es que no son los 600 millones de pesos los que están en tela de juicio, sino mucho más que fluye de manera discrecional. Hay un vicio arraigado que si bien siempre ha existido, se exacerbó desde hace al menos dos períodos, siguió en el anterior y hoy se ha vuelto una institución: el llamado pago por evento. Es decir, cada iniciativa que envía el ejecutivo; cada propuesta que requiere el aval legislativo, como por ejemplo el proyecto de Presupuesto de Egresos; la abrogación de una ley o la aprobación de otra, tiene un costo adicional. El pago –dicen fuentes confiables- es en efectivo.

No conformes con ese saqueo discrecional al erario público, del que, por supuesto, jamás se rendirán cuentas, mucho menos de las erogaciones de los 600 millones que tienen asignados en el Presupuesto anual, un reconocido diario de la capital reveló un sobre-giro. Esto es, en este año los y las diputadas gastaron de más. Y resulta paradójico que sean quienes aprueben la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, pero son quienes jamás rinden cuentas. Es decir, en casa de herrero azadón de palo.

Con el trillado discurso de austeridad y de lucha contra la corrupción, ¿seguirá la nueva legislatura con esas prácticas amañadas, faltas de ética y cínicas, como las que hemos visto hasta hoy o permitirá el escrutinio público? Sin duda la discrecionalidad y el saqueo deben terminar, pues no hay que olvidar que ante mayorías aplastantes como en la Cámara federal o local, el único contrapeso serán los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Ahí estaremos para denunciar. (JPA)