El comentario de hoy, 5 de diciembre 2023

En teoría, una acción de buen gobierno es privilegiar el diálogo por encima del uso de la fuerza. Pero también lo es, salvaguardar la gobernabilidad, la seguridad y la paz social de las mayorías, por encima de cualquier interés particular o de grupo. El diálogo es políticamente incorrecto, cuando hay una parte beligerante que lejos de valorar los puentes de entendimiento que tiende el gobierno, opta por el chantaje, vía bloqueos o la violencia en contra de la sociedad inerme.

El martes 28 de noviembre, un grupo de vecinos de Santo Domingo Teojomulco, comunidad reconocida por su violencia ancestral, hicieron de las Ciudades Administrativa y Judicial, un infierno para las y los servidores públicos. Decir violentos no es un despropósito. Sólo hay que recordar cuando vecinos de dicha comunidad ejecutaron a 26 ciudadanos de Santiago Xochiltepec, el 31 de mayo de 2002, en el paraje “Agua Fría”. Esta vez, como otras, aterrorizaron, golpearon y destruyeron. Muchos nos preguntamos: ¿Qué los mueve a arremeter en contra de indefensos trabajadores, hombres y mujeres? La respuesta es: la cobardía y la impunidad.

No es la primera vez que cometen esas bajezas. Hace al menos tres años secuestraron a empleados de Ciudad Judicial, durante todo el día. El sitio se mantuvo con palos, machetes y pedradas. Cuando un grupo de trabajadoras, madres de familia, intentó escapar por la red de drenaje, dos o tres cobardes prendieron fuego a la maleza. El propósito era asfixiarlas. En otra incursión violenta, arribaron a las mismas oficinas a poner fuego a puertas y muebles. Reiteramos nuestra pregunta: ¿quién los maneja y protege que, después de sus atropellos brutales, se van sin que nadie los haya tocado?

Se trata de una agresión impune a servidores públicos que constituyen parte del engranaje que permite el funcionamiento de la administración estatal. Es la violencia innecesaria en contra del Estado, sean cuales sean sus demandas. La exigencia de los oaxaqueños, tanto en las agresiones anteriores como en la reciente, es aplicar la ley. Y que no nos vengan con el cuento de represión o violación a los derechos humanos. O nosotros, “los pobres indígenas”. Acciones atroces no merecen más que la fuerza del Estado.

Insistimos: el gobierno de la Primavera Oaxaqueña debe cambiar esa fallida estrategia de justificar la violencia con mesas de diálogo. Quien delinque de manera particular o en grupo debe ser castigado. Se ponga la máscara que se ponga, nadie está por encima de la ley. Ya tuvieron una prueba del hartazgo ciudadano, cuando una persona arrolló a algunos de los violentos. Hay que leerles la cartilla. Con ese afán violento y criminal deberían responder a sus vecinos de Amoltepec, Zaniza, Textitlán y otros, con los que tienen años velando armas. No ensañarse con ciudadanos indefensos, impunemente. (JPA)