Consultas de AMLO: ir ‘por la libre’ en su aplicación, un riesgo para la credibilidad de la democracia en México

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Lunes 20 de agosto de 2018.

En México, todo el sistema electoral está construido bajo un criterio esencial: que la operación de todo el sistema, dé credibilidad a la decisión democrática que tomen los ciudadanos. Así fue estructurado el esquema de votación, los mecanismos de fiscalización de los procesos electorales, los límites de los partidos y candidatos, así como la distancia que debe mantener el poder público de los procesos electorales. Si tenemos un sistema electoral tan complejo y perfeccionado, entonces parece una necedad o un acto temerario, que ahora el Presidente Electo anuncie consultas ciudadanas sin apegarse a los mecanismos constitucionales previamente establecido, y sin dar certidumbre sobre cómo serán aplicadas, y contadas las opiniones emitidas por la ciudadanía en dichas consultas.

En efecto, la semana pasada en la presentación del dictamen sobre las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo parafraseando al Quijote, “llamo al pueblo de México a que nos ayuden a resolver este asunto, complicado, difícil que heredamos, pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible (…) no debemos preocuparnos por el tiempo que nos lleve porque es un asunto trascendente (…) En estos casos complicados para no equivocarnos, lo mejor es preguntar a todos”.

En ese mismo tenor, el futuro Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que, de acuerdo con el dictamen técnico, se sostiene que hay dos opciones, uno seria continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco y la otra como se ha propuesto por el presidente electo, construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucia y continuar con la operación de la actual terminal aérea capitalina. El próximo titular de la SCT refirió que ambas opciones tienen puntos a favor y puntos en contra por lo que es necesaria una amplia consulta con especialistas y con los ciudadanos.

Ambos dijeron que será hasta la última semana del mes de octubre cuando se realizará una consulta para que los ciudadanos definan cuál de las dos propuestas se llevará a cabo. No dieron detalles de quién será el encargado de llevar a cabo la consulta, e incluso el propio titular designado de la SCT para la próxima administración, tampoco pudo establecer si la consulta se realizará conforme —o al menos con apego— al mecanismo establecido para las consultas populares; si se realizará mediante una consulta en foros o a través de la instalación de puestos en la vía pública para que la gente emita su opinión, e incluso mediante una encuesta nacional.

Si los próximos funcionarios no dieron detalles sobre el cómo se llevaría a cabo dicha consulta a la ciudadanía, tampoco dieron coordenada alguna sobre quién será el encargado de llevarla a cabo.

SALTOS AL VACÍO

Luego, el pasado viernes el equipo de transición en materia educativa del gobierno electo, dio otro salto al vacío. El designado próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció la realización de una consulta nacional para definir el rumbo de la nueva estructura educativa del próximo gobierno federal.

“A fin de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio, el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, convocó a participar en una consulta ciudadana, que prevé 32 foros estatales y participación mediante Internet”, se lee en una nota de Excélsior (https://bit.ly/2MEs0tw) publicada ayer domingo.

“A través de la Consulta Nacional Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, destacó, se pretende avanzar en la construcción de consensos que permitan superar los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión, y afrontar con equidad y calidad los retos del futuro. Ante el compromiso de construir una verdadera transformación, “la sociedad está llamada a reivindicar al magisterio y su rol en la conducción educativa, y a garantizar el derecho a la educación”, enfatizó el equipo de transición en esta materia, encabezado por el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

“Por ello —dice la nota— convoca a maestras, maestros, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a todos los interesados a participar para construir un acuerdo nacional para una educación con equidad y calidad para el bienestar de todos los mexicanos. También se prevé una consulta estatal participativa, con 32 foros estatales que tendrán recepción física de ponencias, y un diálogo social, a través de visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país.”

¿Qué se puede ver en todo esto? Que, de nuevo, el equipo de transición se está tomando a la ligera las consultas con la ciudadanía. Hasta ahora, los temas que han anunciado que someterían a consultas ciudadanas, son cruciales para el país, o por su trascendencia social —como la reforma educativa— o por las cantidades multimillonarias de las finanzas públicas que comprometen —como es el caso del nuevo aeropuerto, que de ser cancelado tendría un costo superior a los 170 mil millones de pesos, que en gran medida el gobierno federal tendría que indemnizar a quienes perdieran sus inversiones—, y por eso mismo deberían estar buscando ya los mecanismos para brindar total certeza a la ciudadanía sobre quién va a consultar, cómo lo hará, bajo qué métodos, en qué momentos, cómo contará las opiniones, cómo las dividirá y segmentará, y cómo le ofrecerá a toda la ciudadanía la total certeza de que el resultado corresponde verdaderamente a lo que la mayoría opinó.

La Constitución establece un mecanismo para la consulta popular, y legalmente le correspondería al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo dicho procedimiento si se llegara a cumplir con los requisitos que establece la ley. No se ha explorado el caso, pero tampoco resulta imposible, que alguien —el Presidente de la República— solicitara la realización de una consulta conforme a las reglas establecidas para la consulta popular, aunque no se cumplieran con los requisitos que establece la Constitución, y se realizara como un ejercicio y de forma potestativa. En tal caso, alguien tendría que pagar el costo de la realización de dicha consulta, pero queda claro que sería bajo los parámetros electorales más confiables que tiene el país, los cuales, nos guste o no, lo aceptemos o no, son los del INE.

JUGAR CON FUEGO

Como no será así, y como tampoco sabemos cómo, cuándo, quién y bajo qué parámetros se aplicarán las consultas, lo que queda en el fondo es incertidumbre. Sí, incertidumbre y una preocupante sensación de que el gobierno electo comienza jugando con fuego. Lo que está en el limbo es la credibilidad de sus consultas, y el destino de esos temas que son tan relevantes. Más que los millonarios recursos comprometidos en el aeropuerto, e incluso que el destino de la reforma educativa, está el hecho de que los mexicanos confiemos en los métodos establecidos y exista certidumbre sobre dichos procesos. Ese es el riesgo de fondo que quién sabe si ya consideraron quienes con ligereza hoy, hablan de consultas que nadie sabe cómo se harán.

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