El comentario de hoy, jueves 21 de agosto 2025

Como nunca en la historia contemporánea, la libertad de expresión en México, vive uno de sus peores momentos. En los últimos tiempos hemos visto abusos y atropellos de la clase política. Ha pisoteado el espíritu del artículo 6º. de nuestra Constitución que establece que, la manifestación de ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa.

Hay hechos bochornosos que, sin más, muestran nuestra tendencia hacia un Estado autoritario. Primero fue Gerardo Fernández Noroña, usando los medios del Senado para hacer comparecer y exhibir a un ciudadano quien, supuestamente lo ofendió. Después, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que ordenó a través del Tribunal Electoral de dicho estado, imponer sanciones al periodista y ex director del periódico Tribuna, por supuestos ataques a su persona.

Tránsfuga de diversos partidos, la hoy flamante gobernadora por Morena, ha ido más allá. Periodista que mencione acciones negativas de su administración y la señalen, deben ofrecerle disculpas públicas. Ello pone en tela de juicio lo dicho por la presidenta, Claudia Sheinbaum que, durante su gobierno, no habrá censura ni cotos a la libre expresión, aunque ya tiene dos leyes para hacerlo: la llamada Ley Espía y la de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Un caso más es el de la diputada federal por el Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras, conocida como #datoprotegido. Logró que el Tribunal Electoral sancionara a la ciudadana sonorense Karla Estrella, por comentarios que hizo en sus redes sociales y que consideró violencia política en razón de género. La sanción fue humillante.

Fue obligada a ofrecer disculpas a #datoprotegido, durante 30 días. Ello obliga a reflexionar sobre dos temas preocupantes. Uno, la forma tan ruin y grotesca en que se conculcan los derechos ciudadanos por servidores públicos que, se presume, están al servicio de los ciudadanos y no al revés. Y dos, el papel tan lamentable de los órganos jurisdiccionales de corte electoral, como lacayos serviles del poder en turno.

Ante este clima de abusos y atropellos, el pasado 8 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Semanario Judicial, diferentes resoluciones al respecto. En sus tesis, el máximo tribunal del país subrayó que, las opiniones periodísticas y ciudadanas están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, pilar de la democracia.

Para ello es necesario que opiniones o publicaciones deben sustentarse en hechos del conocimiento público y proporcionar suficiente contexto. Sin miedo pues, hay que hacer lo que en los años setenta del siglo pasado exigía el gran intelectual Daniel Cosío Villegas: “hay que hacer pública, la vida pública”. (JPA)