El comentario para hoy, martes 30 de agosto de 2016

En los años setenta, los citadinos que habitaban o habitan el norte de la ciudad, tenían al sur de San Felipe del Agua una presa, que algunos jóvenes solían utilizar como sitio de esparcimiento. Se trataba de la presa “Rompepicos”. La cortina de la misma, de pura piedra, era visible desde algunos fraccionamientos y colonias cercanas. En ese tiempo, esa zona estaba prácticamente despoblada, en comparación con la cantidad de viviendas que existen hoy en día.

Los creadores del proyecto, según hemos indagado, se proponían con dicha presa, retener las crecientes agresivas del Rio San Felipe, y evitar que las mismas se precipitaran hacia las colonias del norte y el centro de la capital oaxaqueña. El objetivo era pues, evitar inundaciones que pudieran convertirse en tragedias personales o daños materiales, como las que padecieron hace algunos años algunos fraccionamientos como La Cascada, sobre todo en viviendas que se construyeron al margen de los afluentes.

Un día, sin saber a ciencia cierta qué autoridad federal, estatal o municipal tomó la decisión, desapareció la presa y presuntamente el predio en donde se ubicaba el vaso de la misma, fue otorgado a un club de béisbol. Un proyecto con un objetivo específico, que tenía como propósito el bienestar ciudadano, cambió de giro. Ahora era un sitio de esparcimiento para deportistas. Sin embargo, cuando se dieron desbordes del río San Felipe y sus afluentes, con los perjuicios de que comentamos antes, ciudadanía y autoridades voltearon los ojos a la desaparecida presa “Rompepicos”, denominada así, precisamente por su cometido esencial.

Lo que nadie se esperaba es que cuando los organismos responsables, tanto federales como estatales, acudieron a desazolvar y reactivar la citada presa, al predio le apareció dueño. Esto es: un bien que muchos concebimos como propiedad de la Nación devino de la noche a la mañana, propiedad de un particular. En el enjuague, se dice, hay varios nombres, inclusive de ex funcionarios del antiguo régimen.

No soy docto, pero tampoco ignorante del derecho. Y me queda la duda respecto a ¿qué intereses pueden concitar el reconocimiento de la ley, para que un ciudadano pudiera asumirse como propietario de un bien de la Nación y ponga en riesgo a miles y miles que pueden resultar afectados por una acción a todas luces ilegal? Si lo que debe prevalecer en todo régimen democrático, en donde se mantiene el Estado de Derecho –hoy tan entredicho- es el bien común, ¿hay alguna razón jurídica para privilegiar el bien particular? Es una pregunta. (JPA)