El comentario de hoy, martes 21 de noviembre

En los rituales institucionales de inicio de todo régimen, uno de los primeros pasos es contar con una Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La tarea es del Congreso del Estado. Aprueba la iniciativa que normalmente proviene del mismo ejecutivo. La referida ley contempla la estructura orgánica; la creación o desaparición de nuevas dependencias y sobre todo, el techo financiero con el que se solventará dicha estructura burocrático-administrativa.

Para darle vigencia, la referida Ley es publicada en el Periódico Oficial del Estado, lo cual le da el carácter de decreto. En el actual gobierno hubo cambios sustanciales en materia de estructura burocrática, de los que poco se repara. El motivo es uno: salvo los creadores e impulsores de la citada Ley Orgánica, nadie la conoce. Es más, ni siquiera en el mismo equipo de gobierno. En tiempos de transparencia, todo se hizo en opacidad, discrecionalidad y trajes a la medida.

En este esquema de confusión se crearon nuevas dependencias, que sustituyeron institutos o comisiones. Por ejemplo, antes era Instituto de la Mujer Oaxaqueña –IMO- ahora es Secretaría de la Mujer; la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable –SEMAEDESO- sustituyó al Instituto Estatal de Ecología. De lo que era la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura –SEDAFPA- se escindió lo forestal y ahora quedó como SEDAPA.

Se han creado nuevas estructuras, como la Coordinación de Delegaciones de Gobierno, sin haber desaparecido otras instancias que hacían tareas similares. Es decir, existe un desorden institucional que va desde el mismo desconocimiento de la Ley Orgánica hasta aberraciones de tipo jurídico, como haberle quitado a la Secretaría General de Gobierno, la potestad de mantener en su estructura al Registro Civil, la Dirección de Registro Público de la Propiedad y la Dirección de Notarías y habérselas entregado a la Consejería Jurídica, cuyas funciones son más específicas.

Es la Secretaría de Finanzas responsable del Hangar Oficial, cuando históricamente dicha tarea fue de la Secretaría de Administración, lo mismo que presidir el Comité de Adquisiciones, cuyo control tiene ahora Finanzas. Es decir, una serie de yerros, torpezas jurídicas y, sobre todo, una supina ignorancia de los y las legisladoras que han validado estas barbaridades. Y más aún, no han cumplido con hacer del conocimiento de los gobernados –es decir, nosotros- dichos instrumentos jurídicos.

El pasado domingo un reconocido diario oaxaqueño publicó que en el Presupuesto de Egresos para el 2018 se había autorizado a la Consejería Jurídica, un presupuesto 24 veces mayor que el del año pasado. Mi pregunta es: ¿qué está pasando en el actual gobierno? (JPA)