El comentario de hoy, martes 1º. de agosto

Terminaron los festejos de julio y todo el entorno que rodea a La Guelaguetza. Pero no el suplicio para la ciudadanía que ha seguido recibiendo los agravios de los bloqueos, el chantaje y la presión. Maestros, normalistas y transportistas desplegaron sus afanes más abominables para afectar a uno de los únicos veneros de nuestra economía: el turismo.

La recurrente afrenta a los pasajeros de la Terminal de Autobuses de Primera Clase, por parte de normalistas y mentores, debería ser analizada por expertos en comportamiento animal. Nos preguntamos, ¿por qué tienen que pagar culpas ajenas viajeros que llegan o salen de la capital, por la necedad de grupos reducidos de vándalos u oportunistas y chantajistas? No ha habido un solo día en que personas sin escrúpulos no hicieran de dicha estación de autobuses su rehén favorito.

Ante los ojos de los visitantes del país y el extranjero, Oaxaca tiene un poderoso imán. Con una salvedad: la tendencia depredadora de los mismos oaxaqueños de siempre, dispuestos a sitiar la ciudad, amenazar, amagar y torpedear todo aquello con lo que ellos no comulgan. O simplemente, para suavizar al gobierno para que acceda a sus exigencias.

Hay una visión generalizada en la sociedad: Oaxaca no puede seguir así. Hay plena conciencia de que el gobierno no moverá un solo dedo para restituirnos nuestros derechos civiles. La defensa debe provenir de la sociedad civil organizada; de las organizaciones que no buscan lucro económico ni ventaja política. Hay hartazgo, hay encono y deseos insanos que deben ser canalizados por la vía de la civilidad.

El Estado de Derecho y la vigencia de la ley no son monedas de cambio. El uso de la fuerza para restituir la gobernabilidad no se contrapone a la libertad de expresión, bandera de la que algunos han abusado. Cerrar calles y carreteras es un delito que debe perseguirse de oficio. Es afectar el libre tránsito. Conculcar los derechos civiles de miles de ciudadanos.

Quienes han mal utilizado la bandera de la libertad de expresión para atropellar los derechos de las mayorías deben ser castigados. Ninguna ley protege este tipo de acciones. Que no nos vengan con el viejo ardid de que se criminaliza la protesta social, al que son tan proclives los maestros. Ya es tiempo de que locatarios, prestadores de servicios, empleados, empresarios, profesionistas y demás, vayamos haciendo valer nuestro derecho a vivir en paz.

No hay en el país una entidad que viva escenarios cotidianos como los nuestros; no hay entidad alguna en donde grupos minoritarios e insignificantes pongan de rodillas a todo un pueblo, así sea por la demanda más justa. La ley no debe ser moneda de cambio ni bisagra para el arreglo político. (JPA)