El comentario de hoy, martes 16 de agosto

Hace unos meses fueron detenidos al menos seis maestros de la Sección 22, militantes de la CNTE, acusados de diversos delitos. Primero lo fueron: Othón Nazariega, Efraín Picazo, Roberto Abel Jiménez y Juan Carlos Orozco. Los cargos no eran algo simple. Fue la Policía Federal quien los detuvo. Poco después lo fue el ex Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Seccional, Aciel Sibaja Mendoza y el dirigente seccional en el Istmo, Heriberto Magariño. El 11 de junio, Rubén Núñez, secretario general y Francisco Villalobos, secretario de organización, corrieron con una suerte similar. El primero en la ciudad de México; el segundo, en Tehuantepec.

De los primeros, algunos fueron remitidos al penal federal de Alta Seguridad de El Altiplano; los últimos fueron llevados en aeronaves oficiales a otro penal federal, de Hermosillo, Sonora. Todos ellos fueron detenidos y trasladados de manera espectacular, como si fueran delincuentes consumados. Algo similar a los capos de la droga. Las acciones se publicitaron profusamente. El Estado Mexicano pretendía sentar un precedente de autoridad. La ley se aplica simplemente y nadie podría desafiar la fuerza del Estado. Nadie pondría en tela de juicio las llamadas Reformas Estructurales, menos la Reforma Educativa.

Después del 11 de junio empezó el infierno para la sociedad civil. El mismo se exacerbó el 19 del mismo mes, luego del fracasado desalojo en Asunción Nochixtlán. Después de ese incidente fatal se montaron las mesas de diálogo, en medio de la discrecionalidad y la opacidad. Los llamados “presos políticos” –que no lo son, pues han actuado como viles delincuentes- empezaron a ser liberados, en medio de la indignación y la expectación ciudadana, sobre todo de los miles y miles de oaxaqueños: empresarios quebrados, desempleados, prestadores de servicios turísticos en la indigencia y comerciantes humillados.

El viernes fueron puestos en libertad Rubén Núñez y Francisco Villalobos. Nadie está ya en prisión. Nos preguntamos: ¿valió la pena meter a la sociedad civil oaxaqueña en un infierno de chantaje, bloqueos, extorsión, amenazas y violencia, ante una acción de gobierno, sólo para asumirse fuerte y aplicar la ley? ¿Valieron la pena los ocho muertos de Nochixtlán, los más de cien policías federales, estatales y civiles heridos, que surgieron de un fallido desalojo? ¿Valieron la pena estos meses de suplicio ciudadano, para tener como respuesta la tibieza, la superficialidad y la veleidad gubernamental, que torciendo la ley ha dejado en calidad de caricatura la Reforma Educativa y las leyes en la materia, poniendo en entredicho el Estado de Derecho? (JPA)