El comentario de hoy, martes 14 de febrero, 2017

El pasado viernes, afloró algo que subyace en la memoria colectiva de algunos de nuestros pueblos: las viejas rencillas por límites; los enfrentamientos mortales por el territorio; los ancestrales conflictos que cada en cuando asoman en algunas comunidades y enlutan hogares. El caso de Puerto Escondido es emblemático.

Si bien es cierto que el saldo mortal de la balacera registrada en Puerto Escondido, tiene que ver con la forma irresponsable con la que se han conducido los ediles de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec, presuntos responsables e instigadores del enfrentamiento, lo preocupante para el ciudadano común, es la nula vigencia de la ley y la boyante impunidad.

Sería ocioso hacer prejuicios, pero una cantidad considerable de ayuntamientos del estado, no están encabezados, precisamente, por los mejores ciudadanos. En algunos se aplica con meridiana claridad el concepto de Kakistocracia, que acuñó el politólogo italiano Michelangelo Bovero: el gobierno de los peores. Ediles violentos con historial delictivo; ex legisladores reciclados, vinculados a grupos delictivos y otros especímenes nada recomendables.

Aunque el pasado domingo circuló profusamente la información sobre el acuerdo de paz que suscribieron frente al gobernador Alejandro Murat, los ya citados ediles de Mixtepec y Colotepec, es justo reconocer que un asunto tan grave como el enfrentamiento del pasado viernes, requería algo más que buenos oficios; mucho más que los reflectores mediáticos. Requiere una acción de Estado, que siente un precedente para todos aquellos que por disputas agrarias, lo hagan con las armas.

Todo mundo sabe lo que ha pasado en los principales destinos turísticos en el país, seleccionados perversamente por los grupos criminales, para sus actividades ilícitas. ¿Algún turista del país o el extranjero viaja hoy con la confianza de antaño a Acapulco, Manzanillo o Cancún? Por supuesto que no. Y ese estigma no puede estarse labrando para nuestra Costa Esmeralda.

No hay que olvidar que una parte importante del territorio oaxaqueño se ha regado con sangre, precisamente por disputas agrarias y limítrofes. Algo hemos mencionado en este espacio radiofónico anteriormente. Por ello, la pregunta que sigue entre nosotros es: ¿quién entonces será el responsable del ciudadano muerto y de los heridos que resultaron de la refriega? Debo reconocer mi pesimismo en los famosos acuerdos de paz. La historia no miente. Y en los temas de diferendos agrarios y conflictos de tierras, lo único que debe prevalecer es la fuerza de la ley. Lo demás es ficción. (JPA)