El comentario de hoy… jueves 4 de agosto de 2016

En 1977, a raíz de los disturbios que vivió Oaxaca, en el entorno de la movilización universitaria y, posteriormente, el estallamiento de petardos en conocidas tiendas de la época, el comercio organizado, entonces bajo el liderazgo de Juan José Gutiérrez, decretó un paro generalizado de labores. Los mercados se unieron a esta protesta. El entonces gobernador del estado, don Manuel Zárate Aquino, fue llamado a consultas ante el entonces férreo e intolerante Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quien apresurando su puro, simplemente le exigió que solicitara licencia.

Don Manuel había sido rebasado por los acontecimientos. No obstante haber emergido de un proceso de elección popular, fue prácticamente obligado a dimitir del cargo. Si bien es cierto que en ello hubo otros factores, también es cierto que la Federación es responsable de la seguridad y estabilidad política del país, siempre que los gobiernos locales, emanados de procesos democráticos, cumplan asimismo con su papel de ejercer el mando y aplicar la ley.

El ejemplo que puso el comercio organizado y los dirigentes de los mercados, marcó un hito en la historia política oaxaqueña. Bajaron las cortinas de sus negocios y paralizaron la actividad comercial, como un intento de decir ¡Ya basta! Nadie puede vivir en un estado de excepción, en donde una minoría, bajo la mirada complaciente del gobierno, impone su ley y pone a la ciudadanía contra la pared, conculca el derecho al libre tránsito, medra con la educación y adopta una conducta fascista.

En las redes sociales circula hoy mismo, la convocatoria al comercio organizado, a restaurantes, hoteles, súper mercados, tiendas pequeñas y medianas y en general a todas las empresas, para que el próximo ocho de agosto, desde la primera hora, paralicen sus actividades y bajen las cortinas. La protesta será indefinida hasta que el gobierno –dicen- garantice el libre tránsito y se reanuden las condiciones de seguridad y tranquilidad en Oaxaca”. Esta medida se pretende adoptar, a casi tres meses de que Oaxaca vive en un estado de excepción, sin que el gobierno federal, mucho menos el estatal, hayan asumido la responsabilidad que les otorga la Constitución.

La grave crisis económica que padece Oaxaca; el quiebre de la industria turística; las pérdidas millonarias en diversos ámbitos de la economía, la seguridad, la paz social y la gobernabilidad, urgen de la participación decidida de la sociedad civil. Sin duda alguna ésta será, una respuesta a la constante y flagrante violación a los derechos civiles y las garantías constitucionales, que parecen no ver, comisiones y organismos de derechos humanos politizados y sesgados, así como autoridades omisas y timoratas. (JPA)