El comentario de hoy, jueves 22 de febrero

Sin duda alguna, muchos oaxaqueños hemos perdido ya nuestra capacidad de asombro. Se percibe en el ambiente político y social una descomposición inédita. Renuncias, reacomodos, nuevas designaciones, defecciones, tránsfugas, etc. Hay un evidente entorno de polarización. Partidos políticos, poderes y otros, están en esa tesitura. Inconformidad, señalamientos, segregación y otros.

Pero hay algo más y por supuesto más preocupante. Lo que antes nos parecía algo lejano, como es el pesado ambiente de inseguridad que prevalece en algunas zonas del país, hoy lo vemos en la entidad y lo percibimos hasta con temor. Organismos no gubernamentales que realizan estadísticas y mediciones, han contabilizado sólo en lo que va de febrero, cerca de 50 homicidios dolosos. En un lapso menor de dos días, la semana anterior, se dieron 18 casos.

Hace algunos años, los responsables de la seguridad pública decían a los cuatro vientos que Oaxaca era una de las entidades más seguras del país. Y cuando se les cuestionaba sobre incidencias delictivas, afirmaban con cinismo que en comparación con otros estados, aquí vivíamos en la gloria. Estoy seguro de que los actuales no dirán lo mismo. Nuestra realidad no es ni para hacer comparativos ni mucho menos, para minimizarla.

Lo que ha trascendido en los últimos días es preocupante. Antes se hablaba sólo de Tuxtepec, Juchitán o algunas poblaciones de la Costa. Hoy, el fenómeno se ha generalizado. En la madrugada del 15 de febrero, siete personas fueron asesinadas en la población de San Juan Lachigalla, distrito de Ejutla. Más tarde, en pleno centro de la cabecera distrital, Francisco Hernández, conocido como “Pachico”, político estimado en los círculos locales, fue ejecutado.

Se trata, decimos, de una descomposición inédita que en nada contribuye a la paz social y la tranquilidad ciudadana, que exigen los oaxaqueños. ¿Hay omisión, apatía o abulia de los responsables de la seguridad pública, para evitar que este mapa criminal no se siga extendiendo? No lo sabemos. Lo que sí se ha observado es que los representantes populares, acreditados en la Sexagésima Tercera Legislatura, sólo han hecho mutis de esta preocupante realidad.

En la perspectiva de la sociedad, a nadie le interesa si tantos sujetos fueron asegurados en los operativos de alcoholímetro o cuestiones menores de tantos autos robados o tipos armados que fueron asegurados, cuestiones en realidad superficiales, sino las estrategias que se habrán de instrumentar para evitar que las estadísticas criminales no nos ubiquen, como una de las entidades con mayor índice de homicidios dolosos en el país. Lo demás es pura ficción. (JPA)